El triunfo jurídico y el reconocimiento de inocencia del general Tomás Ángeles Dauahare se inició en enero pasado, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció ante el juez tercero de distrito en materia penal que nunca pudo corroborar las acusaciones que realizaron testigos protegidos contra el militar, en las que lo vinculaban con integrantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Tras su detención, en círculos militares y políticos surgieron versiones que señalaban que su aprehensión fue un ardid político para que Ángeles Dauahare no se convirtiera en titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en relevo del general Guillermo Galván Galván.

Lo anterior tuvo como antecedente que el 9 de mayo de 2012 Dauahare participó en un foro de la Fundación Colosio, donde criticó la estrategia del presidente Felipe Calderón para combatir al crimen organizado.

Ángeles Dauahare fue aprehendido seis días después. El 15 de mayo –al igual que otros tres generales, un teniente coronel y un mayor– elementos de la Policía Judicial Militar lo condujeron a la Sedena y luego lo entregaron a la PGR.

Las detenciones fueron solicitadas por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), porque supuestamente formaba parte de una red que protegía las operaciones de un grupo criminal que operaba en 14 entidades, entre ellas Quintana Roo, Morelos, Sinaloa, Durango, Distrito Federal, Puebla, Guerrero y Sonora.

El día de la aprehensión la Sedena indicó que reiteraba su compromiso con la sociedad mexicana de que de ninguna manera tolera actos contrarios a las leyes, y cuando alguno de sus elementos no se conduce conforme a derecho, sus actos se investigan y, en su caso, se sancionan con estricto apego a la ley, sin importar jerarquía, cargo o comisión, ya sea que se encuentren en activo o en retiro, y sin permitir cualquier aspecto de impunidad u opacidad colaborando estrechamente con las instancias encargadas de la procuración de justicia del país.

Tomás Ángeles Dauahare declaró ser inocente. Su familia difundió públicamente sus cuentas bancarias y los recursos que en ellas había, y exigió una investigación justa.

Pero el Ministerio Público Federal mantuvo a los seis militares bajo arraigo 80 días e integró el expediente por delitos contra la salud y delincuencia organizada.

Las acusaciones se sustentaron en declaraciones de narcotraficantes y abogados de grupos criminales que se acogieron al programa de testigos protegidos.

Los principales testigos fueron Jennifer, cuyo nombre real es Roberto López Nájera, y Sergio Barragán Villarreal, El Grande, a quien la PGR le puso el nombre clave de Mateo.

Al salir del penal, acompañado por sus abogados, Ángeles Dauahare sostuvo que después de hacerse un chequeo médico acudirá con el secretario de la Defensa Nacional, (para) presentarle mis saludos y ponerme a sus órdenes como soldadoFoto Víctor Camacho

Afirmaron que el general había sostenido reuniones con los líderes del cártel de los Beltrán Leyva y que supuestamente recibía 50 mil dólares mensuales por ayudarlos –con la colaboración de otros militares– a recibir cargamentos de cocaína en el aeropuerto de Cancún para que de ahí se enviaran a distintos puntos del país.

La entonces procuradora general de la República, Marisela Morales, y el subprocurador José Cuitláhuac Salinas indicaron que existían elementos para llevarlos a juicio, y pusieron al general a disposición del juzgado tercero de distrito en materia penal.

En enero pasado, como parte de las diligencias para demostrar la inocencia de Ángeles Dauahare, sus abogados solicitaron que la PGR informara si corroboró lo dicho por los testigos protegidos, y la respuesta fue: no.

Con esa base, se solicitó el cierre del proceso y que el general Ángeles Dauahare fuera sentenciado con las pruebas que existían en el expediente.

Once meses después de la aprehensión y cinco del cambio de gobierno, la PGR reiteró ante el juzgado que no tenía elementos para seguir con el juicio y dijo que sus conclusiones del caso eran no inculpatorias. Es decir, se retractó de las imputaciones.

Como militar en activo, Tomás Ángeles ocupó los más altos cargos de la Sedena, sin llegar al de secretario.

Fue encargado de las áreas de inteligencia militar y operaciones contra el narcotráfico de diciembre de 2006 a marzo de 2008, y se desempeñó como agregado militar y aéreo en la embajada de México en Estados Unidos.

Ayer, cerca de las 18 horas, el juez confirmó que el general debía ser excarcelado de manera inmediata, porque su proceso penal se había sobreseído; es decir, se acreditó la inocencia de Tomás Ángeles Dauahare, quien estuvo preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano o Almoloya, en el municipio del mismo nombre, en el estado de México.

El caso sigue abierto para los otros militares detenidos: los generales Roberto Dawe, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez Ramírez, así como para el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna.

Jennifer permanece como parte del programa de testigos protegidos de la PGR, aunque se le podría iniciar un proceso penal por falsear declaraciones en los juicios del general Ángeles y en el que se instruyó contra Noé Ramírez Mandujano, ex titular de Siedo, a quien también acusó de proteger a narcotraficantes y fue absuelto en días recientes. Mateo, fue enviado a Estados Unidos, donde sigue colaborando como testigo protegido.