Durante 18 años, los gobiernos panistas de Jalisco utilizaron discrecionalmente los fondos de la hacienda judicial (multas, fianzas, pagarés y otros documentos derivados de acciones judiciales), denunció Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

Dichos ingresos sumaban al año entre 70 y 100 millones de pesos, es decir, durante los tres sexenios en que los panistas gobernaron la entidad habrían totalizado entre mil 260 y mil 800 millones de pesos, aproximadamente .

Durante el gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez (1995-2001), la hacienda judicial pasó a ser administrada por el Poder Ejecutivo estatal. “Nunca se nos dijo dónde estaba, qué se hizo ni dónde quedó (el recurso).

Estamos trabajando en una reforma constitucional para el Poder Judicial. El primer paso será recuperar la hacienda judicial y tener un presupuesto constitucional. Pedimos que se nos regrese, agregó Vega Pámanes.

Con un presupuesto cercano a mil 63 millones de pesos, el Poder Judicial de Jalisco se encuentra entre los 13 estados más rezagados en impartición de Justicia, explicó.

Alfonso Partida Caballero, consejero de la Judicatura del estado, señaló que en el sexenio del panista Emilio González Márquez la hacienda judicial estaba distribuida en 16 cuentas, de las cuales no se entregó información al Poder Judicial.

El auditor de Tabasco debería renunciar: Núñez

El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, sostuvo ayer que Francisco Rullán Silva debería renunciar al Órgano Superior de Fiscalización (OSF) por no tener el apoyo de los diputados de la 61 Legislatura local, cuya mayoría insiste en su salida.

El mandatario perredista cuestionó en un noticiario de radio: ¿Dónde estaba el auditor cuando ocurrió el brutal saqueo? ¿Dónde estaban las auditorías de cada dependencia, la contraloría, las auditorías Superior de la Federación y la estatal?

La administración de Núñez Jiménez detectó un faltante de mil 900 millones de pesos y una deuda de más de 20 mil millones de pesos que dejó el gobierno del priísta Andrés Granier Melo.

Núñez se deslindó de las impugnaciones al auditor, cuya renuncia demandan los diputados de los Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, pues lo acusan de ser cómplice del desfalco al erario estatal, aunque su periodo vence en 2017.

Rullán Silva, quien el martes fue restituido en el OSF por orden de un juez, luego que el 5 de abril fue suspendido por la junta de coordinación política de la Cámara de Diputados, dijo que ha pensado en renunciar ante las presiones y la “persecución política’.