Monterrey, NL, 16 de abril.

El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ratificó la decisión de la administración federal de edificar la paz y la tranquilidad en México.

Sin referirse directamente al conflicto del magisterio inconforme con la reforma educativa o a la proliferación de las llamadas policías comunitarias, el funcionario federal advirtió: el gobierno de la República no permitirá que se aproveche el entorno de violencia para generar más violencia. Nadie puede pretender solucionar sus demandas afectando los derechos de terceros. Nadie por encima de los intereses de México y de todos los mexicanos.

Frente al presidente Enrique Peña Nieto, los integrantes del gabinete de seguridad y nueve gobernadores, así como legisladores y estudiosos del tema, el responsable de la política interior consideró la construcción de un México en paz como el piso mínimo para el desarrollo, para lo cual además –dijo– deben trascenderse todas las diferencias ideológicas, partidistas, religiosas y de grupo.

Y de nuevo expresó: nadie, nadie por encima del estado de derecho.

Como introductor del foro México en Paz, parte de las consultas para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND), Osorio Chong admitió la existencia de una complicada situación en el territorio nacional: los niveles de violencia en las regiones del país están relacionados con el mercado de narcotráfico, del crimen organizado y con factores sociales de riesgo que estamos atendiendo, como la pobreza, la marginación y la débil cultura de la legalidad.

El titular de Gobernación habló también de actores trasnacionales que desafían el estado de derecho. Entre sus expresiones mencionó el lavado de dinero, la piratería, el contrabando, la trata de personas, la migración ilegal y el terrorismo. Esos fenómenos, apuntó, no conocen fronteras.

De inicio, también había resaltado la imposibilidad de gobernar y de lograr un Estado eficaz si no se es capaz de escuchar las voces de la pluralidad, de incluir el diverso espectro político y social, así como promover acuerdos como principio para cambios firmes y duraderos.

El uso de la fuerza pública y el orden, añadió, son compatibles con el respeto de los derechos humanos, y se gobierna para transformar y sin rehuir responsabilidades, tomando decisiones y entendiendo los problemas.