l griterío de buena parte de la opinocracia llega al paroxismo. Apremian al poder y a la sociedad, de manera por demás airada, presuntuosa, plagada de verdades reveladas: indígnense y pongan fin a los abusos. No más consideraciones con los chantajistas de esa bravucona parte del magisterio rijoso. No más plazas heredadas de maestros, ¡que compitan por ellas! Tampoco se debe permitir la contratación automática al salir de esas normales rurales aún en pie. No permitir ser evaluados por una prueba que ha sido diseñada por europeos es postura de salvajes. Basta de considerar la compra de plazas como una conquista sindical, claman desde varias de sus muchas tribunas de analistas orgánicos, por lo demás, bien enchufados.

Las generalizaciones son lanzadas al aire con voces irritadas, letra impresa cargada de rabia o imágenes concentradas en ciertos ángulos de impacto provocador. Reducen, con su alharaca, un fenómeno educacional que es por demás amplio y complejo a un asunto de autoridad. No aceptan que opositores decididos quieran participar en su diseño. Tal parece que la mayoría del magisterio se apañó, indebidamente, de esas envidiables plazas de cuatro o cinco mil pesos mensuales. ¡No!, hay que decir con voz en cuello, como hizo aquella legendaria mujer de color (Rosa Parks) para desatar el movimiento de los derechos civiles desde su natal Alabama (EU). El mismo símil lleva escondidos o, mejor dicho, a flor de piel, los afanes represores de su proponente (D. Dresser, Reforma, lunes 15) Ya no se tiene que aguantar tanta ignominia al oír, al ver, al saber del abandono de tantos miles de niños sin clases. Éstas, y otras todavía más furiosas invectivas, son las que marcan las pasiones que el oficialismo ha desatado contra esa parte del magisterio que trabaja precisamente ahí, en esos vastos territorios donde las penurias pesan y castigan las ya raquíticas posibilidades de sus habitantes y escolares.

Cómo permitir, de nueva cuenta, la ocupación de parte de una autopista y el concomitante sufrimiento de muchos que nada tienen que ver con prebendas amparadas en presiones indebidas. Acaso se permitirá, hasta el infinito, que unos cuantos revoltosos apedreen los ventanales de oficinas públicas. Nadie puede consentir que se pague, que se sostenga con haberes públicos, una mentirosa estabilidad laboral a costa de la modernización educativa, afirman con pasmosa falta de justicia y verdad. En fin, la andanada arropada por un oficialismo que se piensa reformador continúa sembrando púas argumentativas y erigiendo los cadalsos para la factible ejecución de estos vagos con trazas de maestros. Reconsiderar lo planteado en las modificaciones al tercero constitucional es terreno minado, según el funcionariado de alto nivel. Si se aceptan las propuestas de ese magisterio disidente, ¿qué pasará con el resto del SNTE? No se puede aceptar, a esta temprana altura del sexenio, que se introduzcan dudas sobre la habilidad del priísmo para imponer una agenda que es deseable para los beneficiados de siempre. ¿Qué sucederá, entonces, con las expectativas que se han despertado aquí dentro, y sobre todo fuera (C. Lagarde, FMI) sobre la capacidad de Peña Nieto para afrontar, con valentía, los desafíos si se da marcha atrás? No, imposible: esta caterva de alborotados no impedirá que la reforma, aprobada por la mera élite partidaria del país, sea manoseada, socavada, por los que no desean el mejoramiento de la niñez y el progreso de la patria.

Nunca los profesores de la CNTE ni de la Ceteg han afirmado que no quieren ser evaluados. Lo aceptan de salida. Pero no pueden consentir que, por designio superior de algunos burócratas centrales y sus patrones (de fuera y dentro), sean despedidos por no aprobar tal procedimiento, tal como ha sentenciado el mismo Chuayffet. Menos aún por una prueba que no se modela a partir de las abismales desigualdades que predominan en el panorama educacional mexicano. Los profesores, en especial esos que actúan en las regiones marginales, rurales en su mayoría, pertenecen con frecuencia, es cierto, a una misma familia. Nada de raro y menos aún de malo, se encierra en ello. Hay familias de notarios que heredan despachos concesionados por gracia partidaria. Hay familias de médicos, generaciones enteras de abogados que se suceden unos a otros en sus clientelas. Los talabarteros trasmiten a su descendencia las habilidades adquiridas en sus oficios. Los peones y los jardineros llevan a sus hijos y hasta nietos como sus aprendices. Las empresas en México son cotos familiares. Los políticos han formado, aquí y fuera, enteras dinastías. Sólo hace falta examinar la pequeña historia de muchos priístas o panistas de élite para descubrir el pedigrí que blanden con orgullo.

Varios estudiosos de la educación han aportado sus visiones y críticas sin que, al parecer, se dignen a oírlos. Ellos se oponen a esa clase de evaluación propuesta por la OCDE (PISA) como el sanctum sanctorum de todo el proceso (C. Ímaz, La Jornada). Se podrá aceptar algún tipo de evaluación para adecuar la capacitación, ajustar fallas y hasta el sistema entero de enseñanza si se quiere. Lo indebido es introducir la inestabilidad laboral en una profesión que es, fundamentalmente, vocación y hasta destino. Esto no es justo, ni conveniente, como sostienen muchos (A. Didriksson, Proceso) que bastante saben de lo que critican y proponen.

Las luchas del magisterio guerrerense no son de temporada o impulsadas por mañosos trampeadores acomodaticios. Sus avances han transcurrido en medio de tribulaciones, de arduas negociaciones. Si toman las calles es porque no tienen, con frecuencia, otra opción. El SNTE y sus amafiados dirigentes les impiden avances con trampas al por mayor. A pesar de su reciedumbre de gremio militante, no han podido lograr que los políticos, los funcionarios, los burócratas locales y federales, cumplan con su labor como debería ser. Si lo hicieran, no habría las diferencias tan sangrientas que se encuentran en la infraestructura donde acude la niñez a prepararse. Cuarenta por ciento de las escuelas primarias del país carecen de casi de todo. Y esa ha sido la constante durante décadas sin que la opinocracia intervenga y declare la guerra contra la élite que ahora se ha encaramado sobre la educación en México.