Washington, 16 de abril.

Es indiscutible que sospechosos de terrorismo fueron torturados por Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 con el conocimiento del presidente George W. Bush, reveló un informe dado a conocer hoy elaborado por una comisión convocada por el Proyecto Constitución, un think-tank sin fines de lucro.

El informe aborda las prácticas estadunidenses en Irak, Afganistán y la prisión de Guantánamo, en Cuba. Además analiza el programa secreto de detención e interrogatorios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y menciona a varios países que cooperaron en el mismo, como Reino Unido, Canadá, Italia, Alemania, Suecia, Egipto, Siria, Marruecos y Jordania.

La investigación fue realizada por un equipo de 11 elementos liderado por el ex congresista republicano Asa Hutchinson y el demócrata James Jones, a pedido del Proyecto Constitución, que busca acuerdos entre los dos partidos políticos estadunidenses en asuntos constitucionales.

Las cárceles de la CIA

El reporte asegura que el programa secreto de la CIA, por el cual los sospechosos eran capturados en un país y transferidos a otro para ser interrogados sin el control de la legislación internacional, fue injustificado y contraproducente, además de dañar la reputación del país.

La CIA operó prisiones secretas en tres países europeos: Polonia, Lituania y Rumania.

Los dos primeros reconocieron la existencia de estos centros de detención, pero Rumania rechaza haber albergado una prisión secreta.

Desde hace varios años se sabe que la CIA mantuvo a prisioneros en posiciones estresantes y les privó del sueño, entre otras medidas. El informe busca poner fin al debate sobre si estas prácticas representaron alguna forma de tortura.

En la administración de Bush, un abogado del gobierno definió la tortura como el dolor físico equivalente al dolor de una insuficiencia orgánica o incluso la muerte.

El informe indicó además que en conflictos previos de Estados Unidos hay pocas dudas de que personal estadunidense cometió actos brutales contra detenidos.

El reporte, de 577 páginas, cuya investigación y compilación llevó más de dos años, está basado en documentos públicos y entrevistas con más de 100 personas, incluidos ex prisioneros.