El problema de la corrupción sigue siendo un fenómeno persistente y lacerante en los gobiernos y administraciones públicas estatales y federales, admitió Hiram Almeida Estrada, titular de la Contraloría General del Distrito Federal (CGDF).

Ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mencionó que en los pasados 12 meses la dependencia realizó mil 121 procedimientos administrativos disciplinarios, que involucraron a 2 mil 20 servidores públicos de la ciudad, y se aplicaron sanciones administrativas a mil 220, desde apercibimientos hasta destitución e inhabilitación, así como sanciones económicas por 465 millones 812 mil 784 pesos a quienes ocasionaron daño al patrimonio de la ciudad.

Almeida resaltó el Plan de Prevención y Combate a la Corrupción, que contiene cinco ejes y 13 acciones, entre ellas integrar en los próximos días un consejo de notables que se encargará de evaluar los resultados de dicho plan.

En su comparecencia ante los diputados locales, el funcionario enfrentó cuestionamientos sobre la línea 12 del Metro, particularmente de legisladores del PAN, quienes insistieron en el sobrecosto de 7 mil millones de pesos, y de los de Nueva Alianza, por el juicio de una empresa que reclama el pago de 4 mil millones de pesos.

El diputado del PAN Saúl Téllez afirmó que la obra presenta violaciones a diversas normas, y preguntó al contralor si tenía instrucciones de alguna autoridad superior para disminuir el impacto mediático, debido al cúmulo de irregularidades que se advierten en el proceso de contratación, ejecución y ejercicio de recursos, así como un conflicto de interés, porque el director general del Proyecto Metro (Enrique Horcasitas) es hermano de un directivo de la principal empresa constructora.

Respecto de la demanda de ICA contra el gobierno de la ciudad, Almeida evitó contestar, porque el asunto lo lleva la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y la resolución recaerá en un órgano jurisdiccional.

Agregó, sin dar detalles, que en otros rubros existen procedimientos en la Contraloría que “requieren una acuciosa intervención por parte nuestra. Por ejemplo, uno de la Auditoría Superior de la Federación y tres dictaminaciones técnicas realizadas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Esto da como resultado que derive la instauración de los procedimientos correspondientes y algunas otras denuncias recibidas de manera directa, pero aclaró: “no estamos ahorita ni podríamos establecer juicios a priori de responsabilidad en tema alguno”.