Washington, 15 de abril

Un grupo bipartidista de ocho senadores alcanzó un acuerdo para refundar el sistema de inmigración en Estados Unidos y legalizar a más de 11 millones de indocumentados, pero en función de la seguridad fronteriza, según su proyecto obtenido por Afp.

La propuesta de reforma migratoria elimina el sistema actual de visas por diversidad geográfica, limita la reagrupación familiar e implementa un nuevo modelo de inmigración en función de los intereses económicos del país, con cuotas de trabajadores por sectores.

Negociado a lo largo de más de dos meses por cuatro senadores demócratas y cuatro republicanos, el proyecto supondría la reforma migratoria más importante en Estados Unidos desde la amnistía a indocumentados que concedió el presidente Ronald Reagan en 1986.

Esta reforma es aún más amplia, puesto que ahora pone como condición todo un complejo abanico de medidas de seguridad en la frontera con México, incluida la ampliación y el refuerzo de la barrera y la obligación para el gobierno federal de capturar a 90 por ciento de los indocumentados que intenten cruzar en las zonas de alto riesgo, es decir, aquellas donde se captura a más de 30 mil individuos al año.

Actualmente poco más de un tercio de la frontera, de 3 mil 140 kilómetros, está vallada. El documento propone extender los sectores con una doble barrera y hasta triplicarla si es necesario.

Más de 5 mil personas han muerto en los 15 años pasados en la frontera, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mexicana.

Los senadores proponen un estatuto de inmigrante registrado provisional (RPI, por sus siglas en inglés) para los más de 11 millones de inmigrantes que las autoridades creen que viven en el país del norte.

Para crear ese estatuto, sin embargo, el secretario de seguridad nacional deberá demostrar que las medidas de salvaguarda están funcionando, con datos de capturas y plazos de aplicación de toda una nueva estrategia de protección fronteriza.

Además, el gobierno deberá demostrar que ha implementado un sistema obligatorio de verificación de empleo, para el que dan cinco años de plazo a los empresarios.

Ese sistema de comprobación de identidad, que ya está en vigor, pero que hasta ahora es voluntario, será reforzado con la creación de una tarjeta de trabajador extranjero con datos biométricos, toda una novedad en Estados Unidos.

Una vez comprobados la seguridad y los controles dentro del país, los indocumentados que demuestren que estaban en el país antes del 31 de diciembre de 2011 podrán solicitar el RPI.

El documento de los senadores no menciona explícitamente el derecho a la ciudadanía, la principal exigencia de los grupos de defensa de los inmigrantes, sino que refiere que tras 10 años esos indocumentados con residencia provisional podrán optar a la tarjeta verde de residente definitivo.

Según la ley actual, el residente con tarjeta verde puede aspirar a la ciudadanía luego de cinco años de espera.