Este lunes venció el plazo de 30 días hábiles que tuvieron los maestros del país para buscar el amparo contra la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto, y hasta el cierre de esta edición el Poder Judicial Federal había recibido al menos 350 mil demandas colectivas interpuestas por profesores, normalistas y padres de familia de alumnos de primaria y secundaria.

Según informó a La Jornada el abogado Eduardo Pérez Saucedo, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en 99 por ciento de estas demandas de amparo se ha concedido la suspensión del acto reclamado, lo que significa que maestros y alumnos, alegando su interés legítimo, han quedado provisionalmente protegidos contra los efectos de esta reforma.

Destacó que el plazo venció ayer a las 23 horas 59 minutos, y expuso que tan sólo este lunes alrededor de 50 mil maestros de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, estado de México y Sinaloa firmaron y presentaron sus peticiones de amparo.

Señaló que a partir de la reciente publicación de las reformas a la Ley de Amparo (hace dos semanas) también pidieron la protección de la justicia federal alumnos menores de edad –mediante la intervención de sus padres–, así como normalistas, pues aunque no forman parte de la estructura de la Secretaría de Educación Pública (SEP) como maestros, y por ello no tienen manera de comprobar que existe un interés jurídico en la controversia, sí poseen interés legítimo, esto es, se verían afectados indirectamente con la aplicación de los efectos de la reforma educativa.

Alumnos y normalistas alegaron que la reforma al artículo 73 de la Constitución, amén del quinto transitorio fracción III de esta reforma educativa, implica la autonomía de gestión, a fin de que padres de familia, alumnos y maestros compren lo que se requiera y falte dentro del mobiliario de las escuelas públicas, lo que desde la óptica de los quejosos en este amparo contraviene lo dispuesto en el artículo tercero de la Carta Magna, referente al concepto de ‘‘gratuidad’’ de los servicios educativos públicos.

‘‘Es interesante esta vertiente en la que padres de familia de alumnos y normalistas se están sumando a la petición de amparo, pues ellos alegan que en el fondo esta reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto abre la puerta a la privatización de la educación pública, y ello viola el artículo tercero constitucional’’, expuso Pérez Saucedo en entrevista con este diario.

Añadió que si, por ejemplo, un maestro de Tijuana solicita amparo en el transcurso de este lunes contra la reforma educativa desde un juzgado federal de esa localidad fronteriza, el quejoso no requerirá trasladarse al Distrito Federal, ni mucho menos a Cholula, Puebla, donde tienen su sede los juzgados de distrito auxiliares encargados de resolver estas controversias, ya que puede consultar directamente los avances de su juicio de amparo en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (cjf.gob.mx).

Finalmente, la Judicatura Federal informó sobre la designación de tres jueces especiales –con sede en la ciudad de Cholula– para que desahoguen estas demandas colectivas e individuales contra la reforma educativa.