La organización Familia Pasta de Conchos y el Centro de Acción y Reflexión Laboral (Cereal) consideraron que las reformas aprobadas esta semana por la Cámara de Diputados a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para eliminar prácticas riesgosas en la minería del carbón son sólo un cambio cosmético que no evitará más muertes y accidentes en los denominados pocitos, y llamaron a los senadores a corregir las deficiencias que tiene la modificación.

En entrevista con La Jornada el sacerdote jesuita Carlos Rodríguez, del Cereal, y Cristina Auerbach, integrante de Familia Pasta de Conchos, precisaron que los cambios son insuficientes, ambiguos, incoherentes y carentes de sustento técnico, y añadieron que si lo que se busca es resguardar a los mineros, lo único que se debe hacer en el caso de los pocitos o tiros verticales es prohibirlos, tal como estaba señalado en la reforma laboral calderonista, en el párrafo 343, pero fue eliminado.

Insistimos en que estructuralmente hablando el tiro vertical es mortal, no hay salida si a alguien le pasa algo, necesita que de afuera le ayuden a salir, indicó Rodríguez, quien explicó que los pozos son sólo un agujero de pocos metros de ancho y con profundidad variable, donde los mineros son bajados en un tambo atado con un mecate, el cual también se usa para sacar el mineral.

El sacerdote precisó que el tema de la minería del carbón fue incluido en el Pacto por México y señaló que no queremos pensar que esta reforma sea una manera superficial de palomear este punto, porque este problema está en el número 61 del pacto y agregó que los atropellos en la minería del carbón llevaron al gobierno mexicano a comparecer tres años seguidos ante la Organización Internacional del Trabajao (OIT), es un asunto que perjudica la imagen internacional del país y revela el interés de hacer como que se hace algo al respecto.

Auerbach y Rodríguez explicaron que entre los cambios aprobados por los diputados, y que fueron turnados a la Cámara de Senadores, están disposiciones que marcan que los pozos deben tener una profundidad mayor a los 100 metros y sanciones que en caso de accidentes recaen en los operadores de la explotación y no en los dueños, además de que los montos son inferiores a lo que costaría establecer mínimas medidas de seguridad.

Se establece una profundidad de los pozos a más de 100 metros. No sé de dónde sacaron esto y técnicamente cómo justifican la profundidad de 100 metros, cuando mientras una mina es más profunda, es más peligrosa por el peso de la carga sobre la estructura, por la cantidad de gas que se pueda generar y hay más agua, refirió Auerbach.

Rodríguez indicó que los diputados dictaminaron y votaron los cambios sin consultar a expertos ni a las víctimas ni a los afectados, pero esperan que los senadores sí lo hagan, agregó que las sanciones siguen estando por debajo de lo que cuesta poner seguridad, las multas son más baratas que un ventilador industrial.

Auerbach dijo que la multa más elevada es de 750 mil pesos y que el castigo en caso de muerte es de tres a seis años de cárcel para los encargados del pozo. Percibo en esta ley la mano de los empresarios, porque las sanciones son para los encargados, que son generalmente los mineros con más experiencia, los más viejos y para los ingenieros, no para el dueño de la empresa, a ellos no se les toca.