Con apoyo del gobierno de Estados Unidos, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que reactivará su flota aérea, después de ocho meses de que suspendió actividades por el mal estado de las naves y el descubrimiento de supuestos actos de corrupción, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

Las fuentes consultadas señalaron que de las más de 200 investigaciones administrativas y ministeriales que se iniciaron contra personal de la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) durante la gestión de Marisela Morales, sólo 80 se mantienen vivas; el resto ya fueron desechadas.

El 7 septiembre de 2012, La Jornada informó el descubrimiento de una red de corrupción y que por ello la entonces procuradora Marisela Morales había ordenado una auditoría operativa y administrativa, y la suspensión de todas las operaciones aéreas, pues las irregularidades con que se movilizaba la flota puso en riesgo a funcionarios, personas detenidas y a las naves, ya que en cualquier momento pudo ocurrir un percance de gran magnitud.

En el segundo semestre de 2012, la empresa estadunidense JDA llevó a cabo una auditoría, la cual concluyó que en la DGSA existía “incumplimiento de las directivas de aeronavegabilidad, boletines de servicio obligatorios, programa de inspección, registros de mantenimiento inadecuados y omisión de instrucciones de mantenimiento del fabricante.

De las 89 aeronaves revisadas, porque cuatro se encontraban en talleres ajenos a la institución, solamente ocho (cinco rentadas y tres de la PGR) se encuentran en condiciones de aeronavegabilidad; no se cuenta con sistema de manuales para las operaciones de vuelo y actividades de mantenimiento. No hay control de calidad capaz de vigilar y dar seguimiento a los elementos críticos de seguridad, señaló la empresa de Joseph Del Balzo, director de JDA.

Las fuentes entrevistadas indicaron que el informe fue entregado a Jesús Murillo Karam, actual titular de la PGR, y que desde el principio de su gestión ha realizado sus traslados en aviones de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina- Armada de México.

Los funcionarios entrevistados señalaron que el gobierno mexicano ya acordó con autoridades de Estados Unidos una redistribución de los recursos de la Iniciativa Mérida, y de igual forma ya se pactó que el Departamento de Estado de ese país apoye a la PGR en la reactivación de su flota aérea mediante la entrega de aviones y helicópteros, así como cursos de capacitación a técnicos y pilotos.

A finales de los años 90 la PGR llegó a tener una flota de 180 aeronaves, que se consideró la más grande de América Latina. Hasta diciembre de 2012 contaba con 80, entre aviones y helicópteros, pero únicamente cinco tenían condiciones de aeronavegabilidad. El pasado mes de febrero, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados (SAE) remató una docena de naves de la PGR.

Por lo que se refiere a las investigaciones iniciadas por los supuestos actos de corrupción, las fuentes señalaron que se revisó cada uno de los expedientes y la mayor parte de ellos ya fueron cancelados por carecer de sustento jurídico para actuar contra empleados de la DGSA.

Asimismo, revelaron que se están analizando los más de 150 casos de pilotos, navegantes, mecánicos y técnicos, que fueron despedidos, a fin de recontratar a aquellos que hayan acreditado los exámenes de confianza.