n un desplegado publicado en diferentes diarios el pasado miércoles, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presenta sus objeciones a la reforma constitucional en materia de radio y telecomunicaciones, anticipando, desde luego, que la reforma es un importante paso en el proyecto de transformación del país contenido en el Pacto por México, pero subrayando que vemos con mucha preocupación que, como parte de esta importante reforma, se presente también una profunda modificación en el régimen de competencia económica.

El blanco es el contenido de lo que sería el nuevo artículo 28 constitucional y se dirige al rol que desempeñaría la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) y, no tanto por las facultades que en el nuevo texto se asignan a dicha comisión (y debe suponerse que también al nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, aunque el CCE prefiere no nombrarlo), como por el hecho de que, con el antecedente de la nueva Ley de Amparo, se instituye que sólo habrá amparo por la vía indirecta y, además, no se concederá suspensión de actos reclamados cuando se trate de una concesión sobre un bien nacional.

Ya en otras ocasiones se ha recordado que, por la liberalidad con que nuestras autoridades judiciales federales otorgaban esa clase de suspensiones, se había creado un modus vivendi que consistía en alar­gar los juicios cuanto se podía (y en los hechos se puede sin limitación alguna) mientras se goza de la concesión de un bien de la nación debido a la suspensión del acto reclamado. Se ha recordado también el ejemplo bien notorio de la llamada industria del juego que opera a base de suspensiones. También está el caso de las concesiones mineras que operan con base en las mismas suspensiones.

Pues eso es lo que reclama el CCE en su desplegado. Ese contrapeso judicial que garantice la preservación del Estado de derecho a que se hace alusión en el documento se reduce a la mezquina pretensión de que siga el procedimiento de la suspensión del acto reclamado cuando hay conflictos de carácter económico entre los concesionarios y el Estado, como representante de la nación. Se dice, al efecto: con los ajustes planteados, se deja a los empresarios en estado de indefensión, por lo que manifestamos nuestro total desacuerdo. Eso sólo quiere decir que exigen que se les permita seguir pegados a la ubre de la nación.

Los empresarios presentan, en particular, tres demandas:

“1. Que la Cofeco sea un órgano independiente que regule la competencia e impulse el crecimiento de la economía, así como aplique [sic] y haga valer la normatividad vigente, sin facultades ilimitadas.

“2. Que se respeten formalidades esenciales de procedimiento y se garantice el acceso a la justicia conservando la suspensión del acto reclamado.

3. Que se logre un buen balance de pesos y contrapesos, de acuerdo con estándares internacionales, fortaleciendo al órgano regulador y conservando los mecanismos de la defensa [sic] para actos arbitrarios de la autoridad durante el procedimiento y así evitar daños irreparables a las empresas.

En lo esencial, todo está contenido en la reforma constitucional aprobada por la Cámara de Diputados y deberá revisar en fecha próxima el Senado, menos lo que se refiere, en los puntos dos y tres a la conservación de la suspensión del acto reclamado y esa morralla referida a los actos arbitrarios de la autoridad durante el procedimiento.

Cabe preguntarse, después de aprobada la nueva Ley de Amparo, que establece ya que no se concederá suspensión del acto reclamado cuando se trate del uso, el usufructo o el aprovechamiento de bienes nacionales, qué ganarían los empresarios con que se eliminara ese postulado del texto de la reforma, a menos que lo que estén exigiendo es que, en contra de lo ya aprobado en la Ley de Amparo, se imponga en esta reforma que en todo caso se concederá la suspensión del acto reclamado. De hecho es eso lo que están pidiendo.

Acostumbrados a mamar y dar de topes, los empresarios ni siquiera reparan en el hecho de que no es que se les niegue la suspensión, tout court, pues ésta puede concederse cuando haya terminado el procedimiento o el juicio de amparo, el cual tendrá que ser siempre indirecto (solicitado ante tribunales y no a la Corte). El único problema tendría que ser que sus abogados apresuraran y ya no retardaran artificiosamente los juicios. Pero a una situación así le tienen pavor, pues, de aprobarse la reforma en el Senado, se les impedirá que ordeñen los bienes de la nación (que por su propia definición pertenecen a todos los mexicanos y no al Estado, como luego capciosamente se afirma) y hagan fortuna a costillas de todos.

A eso es a lo que su tercer punto llama daños irreparables a las empresas. Para usar su propio desacomedido lenguaje, no es que se les quite algo que les pertenece. Sólo se les impide usar de los bienes nacionales mientras duren los juicios. Lo que se les quita es la concesión y, para ello, no definitivamente, cosa que sólo puede resultar de sentencia judicial en tal sentido. Pero ellos están acostumbrados a que se les mime y a que se les abran las puertas del tesoro para enriquecerse a manos llenas. Dañarles, en su abusivo modo de ver las cosas, quiere decir impedir que hagan dinero con perjuicio de los intereses generales.

Extraña que hablen como si to­dos fueran a ser perjudicados, si es que así se puede hablar. Pero tampoco se refieren a los que realmente van a tener que enfrentar el problema y que son todos aquellos que tienen en su poder mediante concesiones algún bien de la nación. Por eso no hablaron en su desplegado de las radiotelecomunicaciones ni del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero es de lo que desearían tratar. Y esta campaña está orquestada en especial por los consorcios televisivos. De otra manera se habrían también enfocado a bombardear dicho instituto. Además, estamos hablando de una reforma constitucional en materia de radiotelecomunicaciones.

De ese mismo instituto, en particular, debe causarles roña la facultad de la que se le quiere investir para que otorgue o cancele concesiones en relación con el espectro radioeléctrico. Evidentemente, se abstuvieron de mencionarlo porque juzgaron que quedarían al descubierto todas sus maniobras. Ahora sólo cabe esperar que en el Senado esas maniobras sean rechazadas.