os problemas más importantes de nuestro país en este momento tienen un denominador común, que es la injusticia social; se trata de la defensa del petróleo, que no debe ser entregado a particulares y mucho menos a empresas extranjeras y de la defensa de la educación laica, gratuita, popular, con seguridad laboral y respeto para los maestros; esas son las dos trincheras en que hoy por hoy lucha nuestro pueblo, consciente de que, de abandonarlas, las consecuencias serían causa de mayores males y pérdida de soberanía.
Pero hay otros asuntos que deben atenderse, sin descuidar los mencionados; uno es el de la definición constitucional de la entidad denominada hasta ahora ciudad de México o Distrito Federal. A diferencia de otros temas que van quedando pendientes para un futuro indeterminado, el de darle a la capital una Constitución propia y un estatus en la Constitución General de la República, que garantice plenitud de derechos políticos para sus habitantes y autonomía financiera y política para sus gobernantes, ya se planteó y se dio un paso importante para afrontarlo nuevamente, pues en otras ocasiones en que se avanzó en este punto, inexplicablemente, intereses mezquinos detuvieron el proceso legislativo.
El jueves 11 se instaló el Consejo Consultivo, de carácter honorífico, que se ocupará de impulsar la reforma y de proponer textos tanto para modificar el artículo 122 de la Constitución, así como de recabar propuestas encaminadas a la formulación de una Constitución propia de la ciudad, tal y como la tienen los estados integrantes de la Federación.
Mientras que en el resto del país se percibe y se teme un retroceso al autoritarismo, a la política de un grupo monolítico y hegemónico en el poder y se tiende a desconectar la realidad socioeconómica de la nación, de la ficción que pintan la publicidad y los discursos, en la capital se intenta afrontar nuestra propia definición política, mediante un acuerdo que, como se ha esbozado, será de carácter social, vale decir, con participación de los ciudadanos que habitamos el Distrito Federal y donde, no sobra reiterarlo, hay un alto nivel de información e interés por la política.
Como participante en el consejo, que preside Porfirio Muñoz Ledo, espero que la propuesta se pueda concretar en documentos que respondan a las exigencias de la técnica legislativa, lo que significa redactados con claridad y precisión jurídica, congruentes con el resto de la legislación y encaminados a consolidar para nuestra entidad, un sistema de democracia participativa, respetuoso de la dignidad y de las libertades de los ciudadanos y que supere todo intento de cambios sísólo formales o cosméticos y por tanto vacuos e inútiles.
Se trata también, en mi opinión, de no dejar todos los espacios en los que se puede construir una nueva estructura institucional para la ciudad capital, sólo en manos de los políticos profesionales, sino que como ya se apunta desde la integración del Consejo, la participación de la ciudadanía sea abierta y determinante para las conclusiones a las que sea posible llegar.
Otro dato que me permito destacar es de carácter histórico y simbólico; la instalación del consejo tuvo lugar en un recinto universitario y con la presencia del rector de la UNAM. Se trata del Anfiteatro Bolívar, lugar cargado de simbolismos, que nos recuerda el impulso de afirmación cultural ideado y encabezado por José Vasconcelos, lo que le dio al acto un toque latinoamericanista y bolivariano, tan necesario en nuestro tiempo y en nuestro continente.
El lugar cumplió su finalidad. Aun cuando parcialmente cubierto, sirvió de fondo La Creación, impactante mural de Diego Rivera; el anfiteatro rememoró la tradición cultural y juvenil de los concursos de oratoria y en el vestíbulo, épicos y vigilantes, testificaron el evento los retratos de los principales caudillos de la independencia de las naciones hispanoamericanas.
