En las cifras acerca de seguridad y procuración de justicia del gobierno federal prevalece el desorden y la contradicción, en particular en los casos de detenciones de presuntos delincuentes. Durante el primer mes de la administración de Enrique Peña Nieto, la Procuraduría General de la República (PGR) reportó que 3 mil 744 personas fueron puestas a disposición por cometer delitos del fuero federal, mientras que la Secretaría de Gobernación (SG) informó de 793 detenidos en el mismo lapso.

En cuanto a la eficacia de las averiguaciones ministeriales, los datos de la PGR muestran también la persistencia de un nivel muy bajo de implicados que finalmente son sentenciados y/o cumplen su condena en prisión, así como de la captura de jefes de organizaciones criminales.

La confusión de cifras ocurre no sólo entre una y otra dependencia, sino dentro de las mismas. En la primera sesión informativa de seguimiento a la estrategia de seguridad del gobierno federal, la SG indicó que del primero al 31 de diciembre pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a 579 personas, la Marina a 148 y la Policía Federal a 127. Lo anterior da un total de 854 puestos a disposición de la autoridad ministerial.

Sin embargo, en el boletín de prensa 26, con motivo del siguiente corte mensual de información, la SG reportó: Las personas puestas a disposición de una autoridad ministerial ascendieron en el mes de enero a 809, mientras que en diciembre pasado se registraron 793 detenciones. Tan sólo en este punto el desajuste es de 61 casos.

De las 3 mil 744 personas puestas a disposición de la PGR, a 70 por ciento de ellas se les acusó de cometer violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, narcomenudeo y/o estar en posesión de droga.

Datos obtenidos mediante solicitudes de información pública refieren que 324 presos obtuvieron su libertad por haber demostrado su inocencia, por haber cumplido su sentencia o para continuar su tratamiento en libertad o sustituir su encarcelamiento por jornadas de trabajo a favor de la comunidad. De esos 324, 223 que estaban sujetos a proceso (no han sido sentenciados), y 81 ya cumplían una condena.

Por lo que hace a los 3 mil 744 detenidos en diciembre pasado, solamente 99 fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal por haber cometido delitos que se sancionan con base en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, todos los demás cometieron ilícitos que se relacionan con violaciones al Código Penal Federal o a la Ley General de Salud.

La PGR informó al responder la solicitud 1700068 que en el mismo lapso fueron detenidas en todo el país, por delitos contemplados en el Código Penal Federal, cinco personas por producción de drogas; 39 por transporte (de enervantes); ninguno por tráfico o suministro; 49 por comercio; 523 por posesión, y 47 por otros; mil 368 por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En el caso de violaciones a la Ley General de Salud, 763 personas fueron aprehendidas por delitos contra la salud “en la modalidad de narcomenudeo” y 66 más por otros ilícitos relacionados con esa legislación. En este caso, la delegación de la PGR reportó que Guanajuato fue la entidad donde se detuvo a más narcomenudistas, con 494 casos, 45 en Sonora, 39 en Veracruz, 28 en Yucatán, 27 en Baja California, 24 en Sinaloa, en Chihuahua 13, en Jalisco 17, cuatro en Hidalgo y ninguno en el Distrito Federal, Tamaulipas, Campeche, Coahuila, Durango, Guerrero, San Luis Potosí y Zacatecas.

Por conducto de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional y de la Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, la PGR indicó que la cantidad de probables responsables detenidos por delitos federales, relacionados con la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y en específico por delitos contra la salud, durante el mes de enero, fue de siete personas aprehendidas en Chiapas.

En lo que hace a esta legislación especial para buscar que se sancione a los integrantes de organizaciones criminales, 24 personas fueron detenidas y puestas a disposición de las delegaciones de la PGR en Coahuila, tres en Aguascalientes, cinco en Colima, dos respectivamente en Jalisco, Morelos y Tamaulipas, una en Nuevo León, 11 en Veracruz, ocho en Sonora, cuatro en Sinaloa y 30 fueron directamente entregadas a las subprocuradurías de la institución.

El resto de las detenciones se relacionaron con delitos cometidos por servidores públicos, contra el ambiente, por violar los derechos de autor, falsedad, de tipo patrimonial, afectación a las vías generales de comunicación, incumplimiento a lo establecido en el Código Fiscal o en la Ley de Migración y a la Ley Federal de Derecho Industrial.

A pesar de ello, la PGR entregó una información diferente al responder la solicitud 1700039413, en ella menciona que durante el mes de diciembre de 2012 fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal por delitos contra la salud 485 personas y otras 485 por otros delitos como falsificación de documentos, contra el ambiente, contrabando, corrupción de menores e incapaces, pornografía infantil y prostitución sexual de menores, extorsión, homicidio, y la Ley Contra la Delincuencia Organizada (...) y violencia intrafamiliar.

En ese contexto, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), informó que en noviembre de 2012 había en todas las prisiones del país 25 mil 24 internos sujetos a proceso y 24 mil 707 ya sentenciados, lo que daba un total de 49 mil 731 presos.

Los datos que se presentan en las llamadas Estadísticas del Sistema Penitenciario, de enero de 2013, refieren que en diciembre de 2012 el número de reos por delitos ferales sujetos a proceso era de 24 mil 801 y los sentenciados 24 mil 626, es decir, disminuyeron 223 personas que estaban siendo juzgadas y 81 el número de presos que habían sido sentenciados con relación a las cifras de noviembre de ese mismo año.

De acuerdo con funcionarios de la CNS, la explicación podría estar relacionada con los promedios mensuales de liberados por libertad anticipada, falta de elementos o cumplimiento de condena, que llega a ser de hasta 400 personas, y el número de consignados en diciembre fue tan bajo que no se logró sustituir a los que abandonaron las prisiones con los recién aprehendidos.