A pesar de que durante las manifestaciones del pasado 1º de diciembre la policía del Distrito Federal detectó un grupo de 40 personas con actitud violenta desde las 6:40 horas, se limitó a seguir su marcha de seis kilómetros, de las inmediaciones de San Lázaro al cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes, trayecto durante el cual cometieron disturbios, daños a mobiliario urbano y establecimientos mercantiles, sin que se detuviera a nadie.

Lo anterior se desprende de la recomendación 7/2013 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) sobre el operativo policiaco realizado por las protestas contra la toma de posesión como presidente de la República de Enrique Peña Nieto. En ella exhibe la descoordinación entre los mandos que dirigían la acción, pues no se cumplían órdenes y había contradicciones en los reportes que se enviaban vía radio.

El operativo, encabezado por Darío Chacón, entonces subsecretario de Operación Policial, y Luis Rosales, como encargado del despacho de la SSPDF, se limitó a seguir al grupo de jóvenes que recorrían las avenidas Congreso de la Unión, Eje 1 Norte, Eje Central, avenida Juárez y Paseo de la Reforma.

Según la relatoría de la CDHDF, Chacón ordenó hasta en cinco ocasiones detener a los manifestantes; sin embargo, esto no se llevó a cabo, con el argumento de que superaban el número de elementos policiacos, lo que permitió que durante tres horas realizaran desmanes en todo su recorrido.

El operativo, afirmó el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, fue deficiente y la policía trató de cubrir su ineficacia realizando 99 detenciones arbitrarias de personas que no participaron en los disturbios, que en el caso de los varones también fueron víctimas de tratos crueles y denigrantes, ya que al ingresar al Reclusorio Norte fueron obligados a desnudarse y practicar ejercicios.

La recomendación 7/2013, dirigida a SSP-DF, PGJDF, TSJDF y Secretaría de Gobierno, concluye que se violaron derechos a la seguridad personal, la libertad, integridad y a la libre manifestación de las detenidos.

Por este motivo, entre los puntos recomendaciones pidió que se presenten las denuncias penales ante la PGJDF contra los mandos medios y superiores policiacos que intervinieron en el operativo.

Asimismo, pidió a la SSPDF modificar el protocolo de control de multitudes e iniciar un proceso de reforma democrática de la policía, con el concepto de seguridad ciudadana.

Exhorta al TSJDF a investigar el proceder de la juez 47 penal, María del Carmen Mora Brito, toda vez que incurrió en una falta al radicar la causa penal 287/2012 sin hacer el cómputo del plazo constitucional, pues en 59 casos la PGJDF consignó después de las 48 horas de ley.

El documento será utilizado por los 13 jóvenes a los que se les sigue proceso por el delito de ataques a la paz pública, como una de las pruebas de su inocencia. Asimismo, hicieron un llamado al Gobierno del Distrito Federal para que acepte en todos sus términos dicha recomendación.