Los pobladores del ejido La Sierrita, en el estado de Durango, acudirán el próximo 30 de abril a la ciudad de Toronto, en Canadá, para denunciar ante la junta directiva de la empresa minera Excellon Resources violaciones de derechos humanos que su filial comete en territorio mexicano, pasando por alto los términos de un contrato de alquiler de tierras que firmó en 2004.

En entrevista, Valeria Scorza, directora de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), explicó que la minera llegó a Durango en 1997 para explotar yacimientos de plata en los municipios de Tlahualilo y Mapimí, de donde se obtiene una cuarta parte de ese metal precioso en México.

Aunque el objetivo de Excellon era comprar la tierra de los ejidatarios –tratando de convencerlos de que no tenía ningún valor comercial, dada la escasez de agua–, éstos accedieron únicamente a alquilarle un total de mil 100 hectáreas, donde se instaló en 2004 la mina La Platosa.

El contrato de arrendamiento, subrayó la activista, incluye una serie de cláusulas que obligan a la minera a construir una planta de tratamiento de agua, reforestar la zona dañada por sus actividades, dejar que los trabajadores gestionen el transporte y la comida mediante cooperativas y pedir permiso a la comunidad si quiere ampliar operaciones en otras zonas de la comunidad.

No obstante que se acordó que el documento puede ser rescindido si la compañía viola algunos de los puntos mencionados, Excellon Resources comenzó a explorar en terrenos que no formaban parte del área delimitada, así como a ignorar otros términos del acuerdo, lo que en 2008 generó un movimiento de protesta de los ejidatarios.

Desde entonces, el conflicto entre la minera y la comunidad ha pasado por diversas etapas –entre las cuales se incluyen algunos intentos fallidos de mediación de los gobiernos estatal y federal así como el desalojo, por el Ejército en octubre de 2012, de un plantón pacífico de los lugareños–, hasta que los campesinos tomaron la decisión de pedir a la compañía su retiro definitivo del lugar.

Al tener 600 mil acciones comunes de la trasnacional –obtenidas en los primeros años de la llegada de Excellon a La Sierrita–, los ejidatarios formularon tres propuestas a la minera: transparentar los pagos de la empresa al gobierno mexicano, incluir a un especialista en temas de derechos humanos en el consejo de administración y establecer límites claros entre la mesa directiva y la gerencia operativa, pues hoy ambas instancias están en manos de las mismas personas.

Ante la negativa de la empresa, los campesinos decidieron acudir a Toronto a finales de este mes para denunciar ante la reunión anual de accionistas de la compañía todas las violaciones de derechos humanos y abusos que han cometido sus administradores en México, resumió Scorza.

Es preocupante que el gobierno mexicano acepte la inversión extranjera sin verificar si las compañías respetan las leyes nacionales, volviéndose su cómplice y dándoles impunidad total. Por eso vamos a ir a Toronto, para acompañar a los ejidatarios y exigir a las autoridades canadienses que sus empresas se ciñan a los derechos humanos, enfatizó.