Con menos de un mes de diferencia se han encontrado en lotes baldíos los cuerpos de nueve mujeres, entre ellas el de una niña de 10 años, violadas, torturadas y asesinadas en el estado de Hidalgo, en el corredor con Tlaxcala, donde hay evidencia de trata de personas.

Los asesinatos, ocurridos entre junio de 2012 y enero pasado, han provocado que levanten la voz asociaciones civiles defensoras de género y derechos humanos que exigen al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y a la Secretaría de Gobernación (SG) que declaren la alerta de género en esa entidad, con dos fines: proteger a las mujeres, que tienen miedo, y que las autoridades profundicen en las indagatorias a fin de detener a los verdaderos criminales, y no sólo a chivos expiatorios, porque ello sólo genera impunidad.

Así lo advierte a La Jornada la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, quien sostiene que a partir de las próximas semanas el Inmujeres y la SG van a enfrentar una prueba de fuego, cuando se reúnan en la ciudad de México con las instituciones del comité que finalmente decidirá si se emite o no la alerta de género en Hidalgo.

“Este hecho es crucial –refiere–, porque Gobernación está hoy en manos de quien gobernó Hidalgo (Miguel Ángel Osorio Chong), y porque se definirá el papel que jugará en la defensa del género el Inmujeres”, encabezado por Lorena Cruz, quien como titular del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social en el estado de México rechazó la emisión de la alerta de género en esta entidad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Ocho de las mujeres asesinadas en Hidalgo tenían entre 25 y 32 años de edad. Dos de ellas estuvieron desaparecidas hasta que se encontraron sus cuerpos; cuatro de éstos fueron hallados en la refinería de Tula, Hidalgo. Es un lugar solitario, llama la atención que detrás de los quemadores de la refinería, donde se hallaron los cuerpos, no haya vigilancia.

Estrada relató que diversas ONG dan seguimiento a las declaraciones de las autoridades judiciales del estado, pues inicialmente arguyeron que no se trataba de crímenes seriales, sino de casos aislados. Pero con la presión social, finalmente aceptaron que son crímenes seriales y detuvieron a dos hombres que, presuntamente, fueron los ejecutores.

La Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos ya había solicitado la alerta de género, pero fue rechazada. Servicios de Inclusión Integral AC (Seiinac) hizo otra petición, aceptada por Inmujeres el 20 de marzo pasado. Pero los representantes de Seiinac, Rafael Castelán y José David Olvera, advirtieron que es la quinta solicitud de alerta que acepta Inmujeres, sin que las otras cuatro hayan surtido efecto.

Para avalar la alerta de género, dijo Estrada, se reúne en privado este 17 de abril un comité integrado por los 32 institutos estatales de las mujeres y representantes de 11 dependencias federales, entre ellas SG, Seguridad Pública, Desarrollo Social, Educación, Salud y la Procuraduría General de la República.

“Con este mecanismo se busca proteger a las mujeres y que las autoridades profundicen en las indagatorias –subrayó Estrada–. Sólo pedimos un informe detallado de las indagatorias sobre los nueve feminicidios; desconocer cómo actúan las autoridades abona a la impunidad y a que se repitan más asesinatos”.

La coordinadora del OCNF exhortó también a Osorio Chong y a Lorena Cruz a que les den derecho de audiencia; es decir, que los representantes de las ONG asistan a la reunión del comité. Deseamos saber qué van a argumentar y si realmente existe conciencia sobre la gravedad de los hechos. Tenemos derecho a audiencia; de otra manera tendremos que interponer un amparo para conocer posteriormente sus argumentos.