Madrid, 4 de abril.

El jefe del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, aseguró hoy que su Ejecutivo no tiene previsto tomar ninguna medida para mejorar la imagen de la Corona, después de que la infanta Cristina se convirtió en el primer miembro de la familia real española en ser investigado en un proceso penal. El mandatario expresó su respeto a las decisiones judiciales, tanto a las de los jueces como a las de los fiscales, y destacó la necesidad de mantener el principio de presunción de inocencia.

Rajoy aseguró además que el Ejecutivo manifestará ese mismo respeto cuando se resuelva el recurso que la fiscalía va a presentar contra la decisión del juez de imputar a la infanta en el caso de corrupción en el que es investigado el marido de ésta, Iñaki Urdangarin.

El ex jugador de balonmano y su ex socio Diego Torres son sospechosos de haberse apropiado de 6 millones de euros de dinero público por conducto del Instituto Nóos, organización fundada sin fines de lucro en la que figuraba como vocal Cristina de Borbón.

La fiscalía anticorrupción española presentará este viernes un recurso contra la imputación de la infanta Cristina en un intento de evitar la comparecencia de la hija de los reyes españoles ante la justicia, en un aparente intento de tomar en consideración a la casa real.

El caso Nóos se está convirtiendo en el peor escándalo en la historia de la joven monarquía parlamentaria española. Hasta hace sólo unos años la familia real era considerada intocable por los medios de comunicación y por el resto de los estamentos del Estado.

La investigación judicial avanzó y se acumularon más pruebas y testimonios que orillaron al juez José Castro a dictar el auto judicial del pasado miércoles, que pasará a la historia como el primero en el que se cita a testificar como imputada por un delito de apropiación indebida de fondos pública a la segunda hija de los reyes de España.

El fiscal Pedro Horrach decidió presentar un recurso de apelación para intentar, al menos, la suspensión cautelar de la testificación de Cristina de Borbón y, posteriormente, la revocación del auto.

El recurso obligará a la sala de la audiencia provincial de Palma de Mallorca a decidir si da la razón a la estrategia del juez, que explicó en su auto que era inevitable la imputación ante el cúmulo de pruebas que confirmarían la participación activa de la hija de los monarcas en el fraude al erario; o si, por el contrario, decide aceptar la tesis del fiscal y archivar la imputación.

Urdangarin defendió a su esposa al declarar ante el tribunal. Torres la implicó. Finalmente, en la causa se presentaron documentos y correos electrónicos en los que aparece el nombre Cristina de Borbón y que, según investigadores, no podrían existir sin conocimiento y consentimiento de la infanta.

La integrante de la familia real está citada a declarar el próximo día 27; así que es probable que ante la presión social y el enorme eco mediático de la noticia los tribunales aceleren lo más posible el fallo de la apelación para resolver el dilema judicial.

Ante las presiones del gobierno y la casa real al magistrado Castro, la Asociación Profesional de la Magistratura defendió la importancia de la independencia judicial y apuntó que lo expresado en el auto de Castro representan indicios que a partir de ahora deben ser corroborados mediante una investigación para certificar si las sugerencias de las que habla el juez Castro son ciertas y si pueden suponer una responsabilidad penal.

Además de lo expresado por Rajoy, el canciller, José Manuel García Margallo, reconoció que en seno del gobierno hay enorme preocupación, por lo que instó a los jueces a que se sustancie con rapidez porque, efectivamente, beneficiar, no beneficia a la marca España.

El diputado de izquierda Gaspar Llamazares afirmó que en torno al nuevo escándalo real sobran sorpresas y faltan explicaciones sobre patrimonio, negocios y actividades de la casa real. Mientras eso no se despeje, no solamente va a haber duda del papel de la infanta, sino sobre el papel activo o pasivo de la casa real.