Guatemala, 4 de abril.

Un testigo protegido vinculó hoy al presidente de Guatemala, general retirado Otto Pérez Molina, a matanzas de indígenas perpetradas durante la dictadura de Efraín Ríos Montt, cuyo proceso prosiguió en medio de dudas tras una resolución dictada por la Corte de Constitucionalidad que podría provocar la suspensión del proceso.

La Corte emitió ayer un amparo a favor de Ríos Mont y de su entonces jefe de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez, y ordenó al juez primero de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, admitir todas las pruebas presentadas por los abogados de los ex generales y emitir una resolución en un plazo de 96 horas.

Gálvez tiene, a partir de la notificación, 24 horas para solicitar el expediente al Tribunal de Mayor Riesgo A, donde son juzgados los ex generales; 48 horas para analizar y resolver, y 24 horas para devolver las actuaciones al tribunal A. Debido a esos plazos, el juicio se suspendería por cuatro días.

La Corte argumentó que se amparó a los ex militares –acusados por delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad– para evitar que en el desarrollo del juicio se materialice la violación a los derechos de defensa.

Por lo pronto, el Tribunal de Mayor Riego A continuó con el juicio, toda vez que no ha sido notificado sobre la resolución, y escuchó relatos de sobrevivientes de las matanzas de mil 700 indígenas ixil en comunidades del departamento de Quiché durante la dictadura de 1982 y 1983, así como de peritos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y de militares retirados que son testigos protegidos.

Hugo Leonardo Reyes, que fue miembro del cuerpo de ingenieros en el campamento de Nejab, señaló en videoconferencia a una serie de oficiales de esa guarnición que coordinaban operaciones de destrucción de aldeas y ejecución de personas bajo las órdenes del mayor Pérez Molina, quien era conocido como Tito.

El vocero presidencial Francisco Cuevas negó rotundamente lo que dice esta persona y aseguró que el presidente Pérez nunca participó en estos hechos, nunca ha estado documentado. Consideró que este caso pueda tener algún tinte político de desprestigio.

Otro testigo protegido, Julio Velasco, relató que fue capturado y vivió en un campamento militar cuando tenía ocho años.

Agregó que allí vio cuando decapitaron a una anciana como advertencia para las cocineras del comedor del lugar. Después jugaron con la cabeza como si fuera una pelota, señaló.

Aseguró que en ese centro militar no hubo perdón para ancianos, menores ni mujeres embarazadas. En ocasiones los niños se iban vivos a las fosas en los rebozos de las madres.

Relató que pudo huir del campamento escondido en el neumático de un tractor, donde lo colocó un especialista militar. Su protector era Hugo Leonardo Reyes.

El perito Mario David García informó sobre la recuperación e identificación de cinco cuerpos abatidos dentro de una vivienda, incluidas una embarazada y la osamenta de un nonato.

Otro perito, Alma Nidia Vásquez, habló de la exhumación de osamentas halladas en fosas clandestinas pertenecientes a víctimas ejecutadas por disparos en el cráneo, casi todos hombres jóvenes de 15 a 23 años.