Por unanimidad, el Senado solicitó a los 31 gobernadores y al jefe de Gobierno del Distrito Federal que le presenten un informe sobre los casos de desaparición forzada de personas ocurridos en su jurisdicción, así como el estado jurídico que guardan.

De igual forma, apremió a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del DF a que legislen y tipifiquen el delito de desaparición forzada de personas, de acuerdo con las directrices contenidas en el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), debido a que al día de hoy “únicamente ocho entidades –Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Distrito Federal, Guerrero, Nayarit y Oaxaca– han incluido ese delito en sus respectivos códigos penales”.

En el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, aprobado por el pleno, se demandó a los mandatarios locales que atiendan a las organizaciones y comités de familiares de personas detenidas y desaparecidas; que consoliden la coordinación entre los distintos niveles y dependencias de gobierno, con el fin de avanzar en la integración de una base de datos amplia y confiable en materia de víctimas de desaparición forzada, y que se ponga en marcha un programa de seguimiento y evaluación a las investigaciones de estos casos.

Asimismo, durante la sesión  y en otro punto de acuerdo propuesto por el PAN, el Senado demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) que cumpla con las medidas cautelares que ordenó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para proteger la vida de los defensores de derechos de los migrantes Tomás González, sacerdote director del albergue La 72, ubicado en Tenosique, Tabasco, y el activista Rubén Figueroa, colaborador de ese refugio, quienes han sido amenazados de muerte por el crimen organizado.

La senadora de Movimiento Ciudadano Layda Sansores se sumó al punto de acuerdo y resaltó que desde hace mes y  medio la CNDH pidió medidas cautelares para los defensores, y a la fecha no se han cumplido. Lo más que han hecho las autoridades es colocar un foco en la entrada del albergue, y un rondín de vez en cuando, eso es una irresponsabilidad de la PGR. Llamemos a esa procuraduría a que ponga en marcha las medidas para proteger la vida de los amenazados, demandó.