La justicia penal en México es uno de los campos que con mayor persistencia excluye y discrimina a los grupos más vulnerables por su condición económica, social, de género, raza o etnia. Jóvenes, mujeres, indígenas, homosexuales y otros grupos marginados se han convertido en víctimas de una maquinaria lastrada de prejuicios, estereotipos y abusos de autoridad.

Por ejemplo, las cárceles están pobladas de personas de escasos recursos de entre 18 y 35 años, con bajo nivel educativo, y en los juzgados se imponen penas 25 por ciento más altas para las mujeres, cuando se compara con las sentencias de los hombres.

Persiste también insuficiente voluntad de las juzgadoras y los juzgadores para interpretar los expedientes bajo su responsabilidad a partir de principios constitucionales y de respeto a los derechos humanos. Algunos ejemplos son los casos Campo Algodonero, en Ciudad Juárez; San Salvador Atenco, en el estado de México; de las indígenas Teresa, Jacinta y Alberta, en Querétaro; las desapariciones forzadas producto del combate al crimen organizado; los secuestros irresueltos, y otros casos de víctimas y personas sujetas a un proceso penal. Lo anterior lo consignan el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) en el Reporte sobre la discriminación en México 2012.