Si bien las encuestas son insustituibles y es inimaginable que los procesos electorales mexicanos ca­rezcan de su información, es claro que en los pasados comicios las encuestadoras fueron objeto de severas críticas, por lo que es necesario revisar las condiciones en que operan, reconoce el documento preliminar del llamado libro blanco del Instituto Federal Electoral (IFE). Advierte que la experiencia internacional revela que mucha o poca regulación no incide directamente en el apego científico de los sondeos, por lo que debe efectuarse sin inhibir la libertad científica, pero con mayor rigor.

Convertidas en uno de los ejes de la impugnación opositora a la victoria del presidente Enrique Pena Nieto, las encuestadoras deben ser sujetas a un contexto de exigencia social que permita evaluar realmente su rigor científico, a partir de lo cual se podría proponer un registro histórico del desempeño y calidad de cada una de las encuestados. Ello permitiría promover su potencial y advertir sus limitaciones a partir de un protocolo de colaboración entre el IFE, la academia y las enucestadoras, al tiempo que sería un incentivo a la autorregulación.

En el borrador se aborda el tema electoral: el financiamiento de los partidos políticos, sobre el cual el IFE reconoce una dualidad entre mantener los recursos para garantizar la equidad de la contienda y, al mismo tiempo, pugnar por reducir los costos de las elecciones, como se desprende del espíritu de la última reforma electoral. El documento en construcción –que aún debe aprobar el Consejo General del IFE– admite posturas según las cuales calcular el financiamiento a partir de la lista nominal y no desde el padrón electoral permitiría racionalizar recursos frente a una base de votantes actualizada.

El borrador del libro blanco distribuido a los partidos cuenta con 15 capítulos, entre los que destacan las encuestadoras, el financiamiento de partidos, las campañas políticas, los procesos especiales sancionadores, la administración de los tiempos del Estado y la fiscalización (capítulo en blanco hasta ahora por el retraso provocado por la polémica sobre los informes de gastos presidenciales). El diagnóstico podría derivar en reformas legales si el Congreso retoma las sugerencias del IFE.

A debate por ahora entre consejeros y partidos, se espera que el documento sea aprobado a finales de abril para remitirlo al Congreso. El capítulo referente a las encuestas parte de la complejidad para la autoridad de regularlas sin inhibir la libertad de ejercicio científico, y describe los diferentes pasos que se dieron para tener un control del crecimiento exponencial que tuvieron las encuestas en este proceso donde se efectuaron mil 940 ejercicios.

Parece claro que las encuestas y las casas encuestadoras enfrentaron en el pasado proceso electoral una disyuntiva compleja y difícil: una enorme demanda de información por los medios de comunicación y una necesidad ineludible de mantener estándares de calidad, rigor y profesionalismo. En el diagnóstico se reconocen posiciones que parten de que la compleja sociedad mexicana, su marginación poblacional y cultural exigen nuevos métodos, muestras más sofisticadas y de mayor cobertura.

Se debe definir con mayor precisión los sujetos obligados en materia de encuestas electorales para involucrar a quien publique, lo que facilitaría el cumplimiento de las disposiciones legales, mejoraría la relación IFE-encuestadoras y medios de comunicación. Se puede pensar en ampliar las capacidades del IFE para orientar las actividades demoscópicas, pues el IFE no tiene las facultades legales ni cuenta con atributos técnicos para validar ni analizar la eficacia científica de esos estudios.

Ante ello se puede pensar en la ampliación de las capacidades del IFE para orientar las actividades demoscópicas, pues ahora no tiene facultades legales ni cuenta con atributos técnicos para validar ni analizar la eficacia científica de los estudios. Sin embargo, también existen opiniones acerca de si el IFE es efectivamente el órgano indicado para regular las encuestas y que por su carácter eminentemente científico, la regulación y criterios de los ejercicios demoscópicos deben provenir de una institución o instituciones académicas y científicas y no de un órgano del Estado.