El presidente Enrique Peña Nieto promulga este lunes la nueva Ley de Amparo, aprobada recientemente por el Congreso de la Unión luego de un largo proceso legislativo que duró dos años, pero que prácticamente mantuvo congelada la legislación durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.

El acto está convocado por la Presidencia de la República para las 11 horas de este lunes en el Salón de Recepciones de Palacio Nacional, y será encabezado por el titular del Ejecutivo federal; asistirán asimismo los coordinadores de los partidos representados tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.

La nueva ley es reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, y debió estar lista desde 2011; entre los temas relevantes está la posibilidad de promover juicios contra actos u omisiones de autoridades e incluso de particulares en caso de violación a las garantías individuales consagradas no sólo en la Constitución, sino también en los tratados internacionales suscritos por México.

Basta un interés legítimo

Se señala que cualquier ciudadano podrá interponer un recurso tan sólo con acreditar un interés legítimo y no exclusivamente jurídico, como indicaba el texto anterior. Además, se incluye que los juicios de amparo procederán en materias como los derechos sociales, ambientales y agrarios, pero no en el caso de las controversias de carácter electoral.

De manera particular, esta nueva ley impedirá a empresas concesionarias de algún bien nacional congelar órdenes del Poder Ejecutivo y seguir operando mientras la justicia resuelve la disputa entre las partes.

Actualmente algunas empresas, como las del sector de telecomunicaciones, energía o minas, podían reclamar la suspensión de una orden judicial en medio de un litigio; ahora se cancela esta posibilidad.

Es decir, no podrán seguir operando en caso de que interpongan un amparo contra un acto del gobierno, hasta que se resuelva el juicio. Y eso puede durar años. Esta situación ha sido sumamente criticada por el sector empresarial.

Hay que recordar que en el año 1999, el ministro Juan N. Silva Meza encabezó una comisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde académicos, jueces y litigantes analizaron la Ley de Amparo.

Como resultado de estos trabajos se elaboró una iniciativa que fue entregada al Congreso de la Unión y al entonces presidente Vicente Fox Quesada a finales de 2000, en busca de que tomaran en cuenta la propuesta, ya que la Corte no está facultada para presentar iniciativas de ley.

Pero durante años la legislación fue prácticamente congelada, hasta que en 2011 fueron aprobadas diversas reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos, pero faltaba la ley reglamentaria.

Por ello, durante su reciente aprobación en el Senado –tras pasar por la Cámara de Diputados– la legisladora priísta Arely Gómez González señaló que el Congreso tenía una deuda muy grave con el sistema de justicia en México.

Concluyó que la aprobación del dictamen de la minuta de la Ley de Amparo era el ‘‘último escalón de un largo proceso que comenzó en el año 2000 con un proyecto de ley que realizó la Suprema Corte’’.