En los primeros cuatro meses de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto han sido ejecutadas al menos 2 mil 821 personas en hechos vinculados con el crimen organizado, de las cuales 562 fueron asesinadas durante el mes de marzo en seis entidades (estado de México, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas), según datos proporcionados por funcionarios federales que participan en el gabinete de seguridad nacional, y otros más obtenidos mediante registros periodísticos.

En promedio, en lo que va de la administración peñista han sido ultimadas 23 personas cada día, puntualizaron las fuentes consultadas.

Los datos registrados en notas periodísticas, los cuales fueron cotejados con las cifras estadísticas proporcionadas a La Jornada por funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de la Policía Federal (PF), así como por integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), revelan que marzo ha sido el más violento de los cuatro meses recientes.

Según estos datos, los estados de México y Chihuahua encabezaron la lista de entidades con más homicidios cometidos durante marzo (151 y 114, respectivamente, de acuerdo con el promedio mensual). En febrero pasado, la entidad mexiquense tuvo en promedio un registro de 136 asesinatos, mientras en Chihuahua fueron ejecutadas 96 personas en ese mes.

En la lista de homicidios violentos registrados durante marzo pasado aparece en tercer lugar el estado de Nuevo León (100), seguido de Sinaloa (92), Michoacán (54) y Tamaulipas (51).

Las seis entidades suman un total de 562 ejecuciones durante el mes que concluyó ayer.

Los abogados Martín Cisneros Sepúlveda y Rogelio Garza Puente, expertos en derecho penitenciario y en seguridad pública, respectivamente, coincidieron en que, lejos de haber disminuido el número de homicidios dolosos (relacionados con hechos violentos), la realidad demuestra que la tendencia de ejecuciones va al alza en el país, en comparación con los dos últimos semestres del gobierno calderonista

‘‘Si acaso, en los hechos podemos hablar de que ha cambiado la estrategia de comunicación del actual gobierno federal. Ahora se ocultan más las cifras oficiales de muertos en situaciones de acción violenta u operativos policiacos, pero eso no significa que se esté reduciendo el número de asesinatos violentos’’, sostuvo Garza Puente en entrevista con este diario.

A su vez, Martín Cisneros, profesor en diversas universidades privadas, indicó que las ejecuciones vinculadas al crimen organizado son un problema ‘‘demasiado grande y pernicioso para la sociedad como para tratar de maquillarlo con una estrategia de comunicación social que diluya las notas de la violencia en los medios de comunicación.

‘‘Lo que están haciendo las dependencias públicas federales ligadas al combate a la delincuencia organizada (secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Gobernación, además de la Procuraduría General de la República) es evitar dar la información de detenidos o de los muertos que caen en cada operativo anticrimen, lo que era el pan de todos los días en la pasada administración del presidente Felipe Calderón’’, destacó el jurista.

En los primeros cuatro meses del actual gobierno peñista, la PGR únicamente ha informado en dos ocasiones de asuntos relacionados con el crimen organizado: el 3 de diciembre, acerca de seis detenidos en el estado de Coahuila, y el 8 de enero, cuando informó que existe plena cooperación con autoridades de Nicaragua para la investigación que se realiza en ese país en contra de 18 mexicanos.

En el mismo tono, la Secretaría de la Defensa Nacional solamente ha emitido un comunicado de prensa relacionado con el aseguramiento de droga en lo que va de esta administración, y ello ocurrió el 19 de diciembre, cuando efectivos del Ejército Mexicano decomisaron 400 kilos de cocaína en Chiapas.

Por su parte, la Marina Armada de México ha emitido 20 comunicados de prensa; de ellos, ocho correspondieron a la detención de un total de 65 personas.

Finalmente, las fuentes consultadas revelaron que el Cisen ha creado una nueva base de datos de homicidios dolosos que posee criterios tales como entorno del crimen, tipo de arma usada, lesiones y número de cadáveres localizados en un solo sitio, todo ello para evitar que se criminalice a las víctimas o se incluyan casos que no tienen relación con ese tipo de delitos.