e acuerdo con un dato contenido en la iniciativa de reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que promueven los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, el tráfico de drogas se ha convertido en la quinta fuente de empleo del país, con unas 468 mil personas dedicadas a alguna de las facetas de esa actividad delictiva.

La cifra procede de un estudio de Viridiana Ríos y Kevin Sabet difundido en 2008. En agosto de ese mismo año el entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, estimaba en medio millón el número de personas que trabajan de manera directa en los distintos segmentos del narco. El militar desagregó la cifra de esta manera: 300 mil sembradores; 160 mil narcomenudistas, transportistas, distribuidores e informantes, y unos 40 mil líderes de distintas jerarquías, pero no se refirió al número de sicarios al servicio de los cárteles. Dos años más tarde, el investigador de la UNAM José Luis Calva Téllez afirmó que el narco había creado para entonces unos 600 mil empleos, lo que lo convertía en el mayor generador de puestos de trabajo.

En todo caso, los datos mencionados no necesariamente incluyen los trabajos indirectos creados por el narcotráfico en actividades que van desde el abastecimiento de materias primas para refinación de drogas hasta el lavado de dinero en entidades bancarias y financieras o en otros sectores económicos, o bien en asignaciones de telecomunicaciones, construcción y esparcimiento, por citar unas cuantas no necesariamente ilegales, por lo que el peso del narcotráfico en el conjunto del empleo es sin duda mayor que lo sugerido por las cifras referidas.

Independientemente de cantidades precisas, es innegable que el trasiego de sustancias ilícitas y las actividades accesorias a éste han terminado por convertirse en el único horizonte de vida posible, si no es que deseable, para una cifra mucho mayor de personas. Entre agosto y noviembre del año pasado la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) realizó un estudio en ocho entidades del país (Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, estado de México, Guerrero, Tabasco y Tamaulipas) en el que se encuestó a mil 400 alumnos de secundaria de entre 13 y 15 años de edad sobre sus expectativas de vida y ocupación. El primer lugar de las preferencias lo ocuparon el narcotráfico y el sicariato (26.3 por ciento), seguido del sector empresarial (17), el magisterio (12.4), el Ejército o la policía (10.7), el servicio público (4.4) y la emigración (1.4).

En cuanto a las divisas que el tráfico de drogas coloca en la economía nacional, se sitúan en la magnitud de las decenas de miles de millones de dólares (de 10 a 60, según diversas fuentes), es decir, en un nivel comparable al de las remesas enviadas por trabajadores mexicanos en Estados Unidos (unos 20 mil millones de dólares) y al de las exportaciones de petróleo (entre 14 y 24 mil millones).

Es decir, por cantidad de empleos generados, por volumen de recursos y por presencia en el panorama social, el narcotráfico se ha convertido en un sector de la economía nacional.

La primera implicación de este hecho es que la erradicación del trasiego de drogas ilegales por vías meramente coercitivas (como dijo que pretendía hacerlo la administración anterior) es una tarea irrealizable, en el mejor de los casos, y de implicaciones genocidas en el peor, si se considera que el discurso oficial del calderonismo llegó a considerar deseable la eliminación física de “los narcos” en general, es decir, la muerte de medio millón de personas.

Por lo demás, es claro que no habrá una victoria posible del estado de derecho sobre esa que es la principal forma de delincuencia organizada en el país si no se emprende una política de crecimiento económico –centrado en las actividades legales, se entiende– y un programa de generación de empleos dignos y bien remunerados. Ciertamente, la persecución de los delitos –y el trasiego de estupefacientes ilícitos es uno de ellos en la actual configuración de las leyes– es una tarea irrenunciable de las autoridades. Pero se requiere, además, la aplicación de medidas económicas y sociales capaces de disuadir a millones de personas –particularmente, a personas jóvenes– de ingresar en los círculos de la criminalidad y, para ello, el país debe ofrecerles perspectivas de desarrollo personal y laboral.