l alza en las tarifas de Metrobús, taxis y autobuses en el Distrito Federal es un ejemplo de las consecuencias directas e inevitables de los llamados gasolinazos que, sin solución de continuidad, vienen aplicándose desde la pasada administración calderonista, y que implican incrementos de precio en ese combustible, el diesel y el gas doméstico.

En el caso del transporte de pasajeros el impacto inflacionario de los gasolinazos es directo y evidente, pero los aumentos en los precios de los energéticos tienen también consecuencias para los costos de producción en el conjunto de las industrias y los servicios, por cuanto todos ellos requieren de insumos (energéticos) y transporte (combustibles).

Un sector particularmente vulne­rable a los incrementos de las tarifas de combustibles es el de la agricultura y la industria alimentaria, en la medida en que suelen requerir de procedimientos que utilizan gas y que necesitan movilizar sus productos en ciclos cortos e intensivos de transporte. De esta manera, las alzas mensuales en los combustibles terminan por repercutir en los precios de los alimentos lo que, sumado a las alzas en el transporte, incrementa la estrechez en la que se debate la mayor parte de la población.

Pero el riesgo inflacionario no sólo representa una amenaza de alteración de los mediocres indicadores macroeconómicos que viene arras­trando el país desde hace muchos años, sino también, en una segunda instancia, el peligro de atizar descontentos sociales y ahondar las de­bi­lidades en cuanto a legitimidad y repre­sentatividad que ya acusa el ámbito institucional en su conjunto.

No es fácil entender, en este contexto, el afán oficial de aferrarse a los gasolinazos y la negativa a estudiar otras disposiciones –la más evidente: una política de austeridad real, que vaya más allá del discurso publicitario– para allegar al fisco los recursos que ciertamente requiere. Más valdría, sin embargo, buscar y poner en práctica alternativas pues, con el telón de fondo de los problemas actuales del país –estancamiento económico, pobreza y marginación social, carencias de salud y educativas, violencia delictiva incontrolable, descomposición institucional, entre los más acuciantes–, el desencadenamiento de una nueva espiral inflacionaria podría resultar desastrosa.