El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano del Poder Judicial responsable de supervisar la labor de más de mil jueces y magistrados, opera desde hace cuatro meses con seis de siete integrantes, debido a que en el Senado las fuerzas políticas no han logrado un acuerdo sobre el nombramiento de quién ocupará la plaza vacante desde el 30 de noviembre pasado.

Algunas comisiones del CJF operan sólo con dos miembros, lo que provocó alarma en el Poder Judicial. Sin embargo, el nombramiento pendiente está detenido en el Senado debido a la disputa por el reparto de cuotas partidistas, principalmente entre PRI y PRD.

Interrogado al respecto, el coordinador de los senadores priístas, Emilio Gamboa Patrón, dijo que no ha querido atropellar y trata de llegar a un acuerdo con la bancada perredista que encabeza Luis Miguel Barbosa, y confió en que al regresar de las vacaciones de Semana Santa se destrabe el nombramiento.

El problema surgió por la práctica de distribuir los nombramientos –de magistrados, ministros, comisionados de órganos autónomos y otros– entre las principales fuerzas políticas, en lugar de elegir a quienes tengan experiencia y profesionalismo.

En noviembre de 2012 se decidió que el nombramiento de la vacante en el CJF correspondería al PRD, y que priístas y panistas designarían a los dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que remplazarían a los que concluyeron su gestión.

Barbosa aceptó el trato e incluso propuso para el cargo a Leticia Bonifaz, consejera jurídica del Distrito Federal. Pero el acuerdo se rompió cuando parte de la bancada del PRD se opuso a votar por el ministro Manuel Baráibar, propuesto por el entonces presidente electo Enrique Peña Nieto.

Después el PRI decidió disputar la vacante, con el argumento de que le correspondía, ya que el consejero que terminó su periodo el 30 de noviembre de 2012, Jorge Moreno Collado, es priísta. Sin embargo, el tema de fondo es que se quería ubicar en ese cargo a Martha María del Carmen Hernández, quien era subprocuradora de Justicia del estado de México en el gobierno de Peña Nieto, cuando se presentó el polémico caso de la niña Paulette Gebara Farah.

Ese mes concluyó el trabajo legislativo en la Comisión de Justicia. Los días 21, 23 y 26 comparecieron los 35 candidatos a ocupar el cargo de consejero, entre los que hay ex legisladores de PRI y PAN, litigantes como Pedro Malagón –quien ha defendido a dueños de casinos y trabaja para el despacho de Diego Fernández de Cevallos, y profesionales con trayectoria y carrera judicial.

Entre estos últimos destacan los magistrados José Patricio González Noyola, Jorge Enrique Wynter García, Jorge Lara Ponte y Joaquín González Casanova. Los dos últimos considerados en el ámbito judicial como opciones neutras.

Lara Ponte es oficial mayor de la SCJN y trabaja directamente con el presidente de ese tribunal; González Casanova trabajó como director del área de equidad y derechos humanos del CJF, y a Bonifaz se le reconoce en medios judiciales como buena candidata para el cargo.

Uno de los 35 aspirantes, quien fue examinado por la Comisión de Justicia, Fernando Serrano Migallón, dejó de competir al ser designado, en diciembre pasado, subsecretario de Educación Pública en el gabinete de Peña Nieto