los pueblos originarios no se les menciona en las leyes del estado, porque quienes las hacen no son los pueblos, los cuales por eso mismo crean sus propias leyes, advierte Valentín Hernández Chapa, asesor y acompañante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Guerrero, en respuesta al rechazo tajante al decreto del gobernador Ángel Aguirre.

El discurso de esta estrategia es doble, advierten integrantes de la CRAC, pues por un lado se reconoce a los pueblos indígenas su derecho a regirse internamente de acuerdo con sus usos y costumbres, cuando el objetivo es convertir a la PC en cuerpo auxiliar policiaco municipal, sin independencia ni jurisdicción real, dependiente de las disposiciones del sistema jurídico estatal y no de la asamblea comunitaria, la cual quedaría disminuida, sin capacidad jurídica.

El decreto indica que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno y los pueblos y las comunidades indígenas deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El pasado 21 de marzo, el gobernador de Guerrero y la CRAC-PC firmaron un acuerdo en el que se señala que la CRAC-PC no será sujeto de reglamentación en la iniciativa que en días próximos enviará el Ejecutivo estatal, toda vez que su función se encuentra en el marco legal. Falta que se respete.

En entrevista, Raúl de Jesús Cabrera, autoridad de la CRAC-PC, insiste en que su órgano de seguridad y justicia logró que el gobierno entendiera que los pueblos de la Montaña vamos a trabajar con nuestro reglamento interno y que el decreto de incorporar a la PC al sistema de seguridad pública no pasó aquí porque el nuestro es independiente y autónomo, y nos deslindamos del mando único.

Más allá de la delincuencia común y de la violencia del crimen organizado, la CRAC señala como enemigo principal en estos momentos a las empresas mineras que pretenden despojarlos de su territorio; por eso, explican, lo que sigue es luchar contra la implementación de proyectos mineros. Y si nos los quieren imponer nos vamos a movilizar en las calles de la capital de Guerrero y en la Costa Chica y Montaña.

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