Madrid, 29 de marzo.

El gobierno español, del conservador Mariano Rajoy, ordenó a la policía, a través de una instrucción oficial mediante el Ministerio del Interior, detener e identificar a los ciudadanos víctimas de desahucios que participen en acciones de protesta contra los políticos del Partido Popular (PP, en el poder).

La medida, que indignó al conjunto de la oposición política y a las organizaciones ciudadanas, también provocó la sorpresa del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), que tildó la medida de barbaridad y basada en un a manera injusta de aplicar la normativa de seguridad ciudadana.

En los últimos días se confirmó la postura del gobierno español y del PP en relación al problema de los desahucios o lanzamientos por el impago de un crédito hipotecario en España, un drama que ha expulsado de su hogar a más de 500 mil personas desde el inicio de la crisis, en el 2008, y que actualmente amenaza a 200 mil más por un proceso en curso. Por día se calcula que unas 500 personas son notificadas de la inminente expulsión de sus hogares, lo que ha provocado un drama social y, en algunos casos, hasta suicidios unos instantes antes de que la comisión judicial toque a la puerta para ejecutar la expulsión.

Legislación injusta

El gobierno de Rajoy expuso en tres decisiones recientes su postura ante este drama social: el PP fue el único grupo parlamentario que presentó enmiendas a la iniciativa popular presentado en el Congreso de los Diputados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con el respaldo de un millón y medio de firmas, para reformar la actual legislación hipotecaria. Cabe recordar que la normativa española es una de las más injustas del mundo con el consumidor y choque de frente con la legislación europea, que ya reclamó su reforma por ilegal, una vez que no admite la dación en pago, con lo que en la mayoría de los casos tras la ejecución del desahuicio la deuda bancaria no desaparece e incluso se incrementan notablemente los intereses.

La segunda decisión del gobierno español fue iniciar una estrategia de criminalización del movimiento ciudadano de afectados por la hipoteca, a los que les llegó a llamar filoetarras y nazis. De hecho, la mayoría de los ciudadanos que integran la PAH son víctimas de la depredación financiera de los bancos y han sido expulsados de sus casas o están en cursos los respectivos procesos.

La tercera medida fue ordenar a través del Ministerio del Interior la identificación y detención de los ciudadanos de la PAH que participen en las protestas o escraches contra los políticos del PP, que en los últimos días se han incrementado ante la negativa de este partido a aceptar las medidas de mínimos que presentaron en el Parlamento para terminar con el drama de las expulsión de familias.

De hecho, el sindicato mayoritario de la policía expresó a través de su vocero, José María Benito, que la medida es una barbaridad, al explicar que proteger a los políticos amenazados o a cualquier otro ciudadano, sí, pero identificar sin haber cometido una infracción y proponer detenciones es una barbaridad y supone retorcer la ley de Seguridad Ciudadana porque si no se está cometiendo ningún delito ni ninguna infracción administrativa, identificar a los ciudadanos y proponerlos para sanción es hacer una lectura torticera.

Ada Colau, vocera de la PAH, respondió a las amenazas del gobierno que hay casos de corrupción gravísimos, hay acoso y hostigamiento de las entidades financieras contra las personas más vulnerables y aquí en ningún caso se ha enviado a la policía a identificar ni se han hecho detenciones. En cambio contra los ciudadanos honrados que solo han dejado de pagar la hipoteca porque no pueden, porque se han quedado en el paro, contra éstos envían todas las fuerzas del orden y el peso de la ley.