Tras la declaración del Golfo de California como reserva de la biosfera en 1993, las autoridades mexicanas han establecido un tope de pesca para las comunidades indígenas cucapás que han vivido en la zona desde hace más de 9 mil años, afectando no sólo su principal actividad económica sino también comprometiendo su propia supervivencia como pueblo, denunció Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste.

De acuerdo con el activista, los límites de captura únicamente afectan a los cucapás, quienes ante la falta de opciones de trabajo han ido abandonando poco a poco sus lugares de origen, sus tradiciones y su lengua, a tal punto que hoy quedan poco más de 350 individuos de esa etnia, y tan sólo 15 de ellos dominan totalmente su idioma, según estadísticas recientes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Cuando el entonces presidente Carlos Salinas decretó en 1993 al delta del río Colorado como reserva de la biosfera, en la zona del alto Golfo de California, se protegieron de manera correcta varias especies animales y vegetales, pero nunca se respetó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que le da derecho a la consulta libre e informada a los pueblos indígenas que han habitado en esa zona desde hace 9 mil años, explicó Ramírez Baena en entrevista con La Jornada.

Como resultado de lo anterior, en junio de 1996 el gobierno federal dio a conocer un plan de manejo de la reserva, con una zona núcleo de 164 mil 779 hectáreas donde está prohibida totalmente cualquier actividad económica, y una zona de amortiguamiento de 769 mil 976 hectáreas en donde ésta se permite hasta cierto nivel.

Con la finalidad de endurecer la prohibición, el gobierno mexicano emitió en 2006 una veda de pesca para la curvina golfina, que ha sido el principal sustento de los cucapás asentados en Baja California, pese a que dicha especie no se encuentra en peligro de extinción. Ya durante el gobierno de Felipe Calderón se estableció que cada embarcación de los pescadores indígenas no puede capturar más de mil 700 toneladas anuales de pescado en la zona de amortiguamiento, aunque en la actual administración dicha cuota fue elevada a 2 mil 300 toneladas, incluida la zona núcleo.

A pesar de ello, lamentó Ramírez Baena, el tope sigue siendo restrictivo y afecta únicamente a los pescadores cucapás, a tal grado que antes de concluir el primer trimestre del año en curso, los indígenas ya agotaron su límite anual de captura.

Los cucapás tienen nada más como 60 pangas (lanchas), con redes artesanales. Es una actividad ancestral de la que viven, porque de ahí mismo consumen para ellos y el resto lo venden. El problema es que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca no registra sus productos ni les da la llamada guía de traslado, es decir, el permiso para vender el pescado, indicó.

La situación de apremio de los cucapás, recordó el activista, incluso llevó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir en 2002 una recomendación en la que pide a las secretarías de Agricultura y Medio Ambiente que reconozcan los derechos históricos de dicha etnia a hacer uso de todos los recursos de su territorio y a reconocer la importancia de la pesca en su cosmovisión. Aunque ambas dependencias aceptaron la recomendación, ninguna la cumplió.

“Los gobiernos priístas y panistas han sido omisos en restituir sus derechos a la comunidad cucapá, porque quieren asimilarlos a la cultura urbana para ‘desarrollarla’, pero la etnia se está desmembrando. Los jóvenes se van a buscar trabajo a otra parte, su lengua se está perdiendo y no hay poder humano que haga rectificar al gobierno”, deploró.

En estos días, un tribunal colegiado revisará la decisión de un juez de distrito de mantener el límite de pesca para los indígenas, en una nueva oportunidad para resarcir el daño económico que han sufrido desde hace 20 años, por lo que los cucapás preparan acciones de resistencia civil en busca de llamar la atención sobre su problema, subrayó el activista.