Elba Esther Gordillo cumple este martes un mes presa y sujeta a proceso penal por manejo de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, aunque, a diferencia de la mayoría de los detenidos que enfrentan proceso en alguna cárcel del Distrito Federal, la maestra permanece en una celda especial, ubicada en un edificio habilitado como hospital, que se localiza a un costado del penal femenil de Tepepan, en el sur de la ciudad de México.

De acuerdo con fuentes cercanas a la familia de la ex lideresa, la táctica jurídica en la que está enfocado el bufete de abogados dirigidos por Marco Antonio del Toro gira por ahora en torno a poder demostrar a la autoridad judicial que la maestra está por cumplir 70 años de edad o, en su defecto, a comprobar que debido a males de salud que la aquejan, el juez de la causa le conceda permiso para que pueda enfrentar el proceso desde su domicilio, como ocurrió en el caso del ex presidente Luis Echeverría Álvarez.

En los días que lleva en reclusión han pasado varias cosas: un juez federal dictó a Gordillo la formal prisión. Su defensa legal solicitó careos con varios funcionarios de la Secretaría de Hacienda, entre ellos con Alberto Bazbaz Sacal, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de esa dependencia y quien inició las pesquisas contra la maestra.

Se supo que la ex cajera del sindicato magisterial Nora Guadalupe Ugarte Ramírez (también en la cárcel) es el puntal de la investigación contra Gordillo, amén de que declaró ante autoridades judiciales que los recursos que salieron de las arcas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de manera ilegal también beneficiaron a Mónica Arriola y Maricruz Montelongo, hijas de la profesora.

Por si fuera poco, el temor a ser detenidos y coacusados llevó –durante las pasadas cuatro semanas– a familiares y ex colaboradores de la ex lideresa sindical a tramitar amparos para conocer si existían nuevas órdenes de aprehensión.

Además, la maestra optó por cambiar de abogado. Inicialmente nombró como parte de su defensa al polémico ex subprocurador de la Procuraduría General de la República (PGR) Germán Arturo Rangel. Después consultó al penalista Juan Velásquez, quien declinó encabezar su defensa, y terminó designando como su defensor a Marco Antonio del Toro, famoso porque ha ganado ante los tribunales mexicanos prácticamente todas las imputaciones que se hicieron durante dos sexenios panistas contra el líder del sindicato de mineros, Napoleón Gómez Urrutia.

Sin embargo, para evitar la posibilidad de que Gordillo obtenga, en lo inmediato, autorización judicial para enfrentar su proceso desde su domicilio, la PGR dio inicio a una investigación para identificar la edad real de la maestra, revelaron fuentes ministeriales.

A decir de las fuentes consultadas, en la causa penal 11/2013, que instruye contra Gordillo el juez federal Alejandro Caballero Vértiz, la PGR reportó dos fechas de nacimiento distintas de la ex lideresa del SNTE.

Los dos agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) que la rastrearon días antes de su captura señalaron que en los registros consultados Gordillo tiene como fechas de nacimiento el 2 de junio de 1943 y el 6 de febrero de 1945; en ambos casos se señala Comitán, Chiapas, como el lugar de origen.

El primer informe de investigación rendido por los agentes de la PFM, adscrita a la PGR, está fechado el 14 de febrero pasado y refiere que la maestra cumple años en ese mismo mes. Los agentes no precisan la fuente de información, sólo hablan de labores de gabinete y fuentes de información cerradas y abiertas.

Al día siguiente, 15 de febrero, los mismos agentes indagaron si los pilotos de Gordillo, de nombres Gabriel Morales Ibarra, Jesús Gabriel Lozano Arjona y Óscar Francisco Badillo López, tenían licencia. Al mismo tiempo, revisaron los registros del avión Cessna 560 Citation que usaba la ex dirigente. En su informe parcial de esa fecha, los agentes investigadores se hallaron con que Gordillo tenía otra fecha de nacimiento, con varios meses de diferencia respecto de la anterior, lo que, de confirmarse, permitiría a la maestra en lo inmediato obtener el derecho a enfrentar el proceso en su casa.

El artículo 55 del Código Penal Federal prevé la prisión domiciliaria para quienes cumplan 70 años de edad.

La semana pasada Gordillo se desistió del recurso de apelación que había interpuesto para echar abajo la formal prisión que le dictaron por delincuencia organizada y lavado de dinero, y con ello conseguir su libertad. Sus abogados optarán por defenderla en la vía de amparo.