l doctor Juan Ramón de la Fuente, ex secretario de Salud, señaló el martes pasado que introducir el impuesto al valor agregado (IVA) a los medicamentos significaría poner un impuesto a los enfermos. A mí me sorprendió la claridad de este planteamiento. Significa que una persona por el hecho de estar enferma –algo que de por sí es una pesada carga para ella y su familia–, tendrá ahora que soportar un peso adicional: pagar un impuesto.
La enfermedad es una condición asociada a la existencia, que merma las capacidades físicas y la calidad de vida. Para recuperar la salud se requiere casi siempre de los tratamientos farmacológicos, cuyos costos son cada vez más elevados, debido a la voracidad de las empresas farmacéuticas y a la falta de controles sobre las mismas.
Una persona enferma que trabaja tiene que destinar una parte importante de sus ingresos en comprar medicinas. Si a causa de la enfermedad se reduce su capacidad laboral o llega a perder el empleo se convierte en una carga para su familia, lo que implica que el costo de los tratamientos tiene un importante impacto económico en la sociedad. Si a esto se suma que ahora los enfermos y sus familias tendrían que pagar un impuesto de 15 o 16 por ciento en medicamentos, el problema adquiere dimensiones que sin exagerar pueden resultar trágicas.
El impuesto afectaría más a las personas de menores ingresos, pues los precios de las medicinas, de por sí muy altos, serían ya inaccesibles para ellas. Pero también los efectos negativos del impuesto tocarían a las instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), la Secretaría de Salud federal y las de los de estados, e incluso el Seguro Popular (que aun sin el impuesto enfrentan ya un grave problema de desabasto), pues tendrían que proporcionar los medicamentos a las personas que no pueden comprarlos.
En nuestro país, dijo De la Fuente, más de 40 por ciento del mercado de medicamentos está representado por las compras que realizan estas instituciones, por lo que el IVA complicaría la situación financiera de las mismas, lo cual tendría que resarcirse por la vía presupuestal.
Sin embargo, para el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México no todo es blanco o negro. Si bien se pronunció en contra del IVA en medicinas, admitió que sus argumentos están abiertos al debate. Propuso que este tema sea estudiado y discutido con objetividad y rigor, e hizo un llamado a la comunidad académica a opinar sobre el mismo. Adelantó que entre las alternativas se encuentra, por ejemplo, mantener los medicamentos genéricos exentos del impuesto.
La discusión que propone De la Fuente es muy oportuna, pues estamos inmersos en un proceso de reformas estructurales
en temas como educación, energía (en particular el petróleo) y, en el caso que nos ocupa, la reforma hacendaria, la cual, como todo parece indicar, está encaminada a imponer el IVA a alimentos y medicinas.
No puede negarse que es necesario aumentar la base de la recaudación tributaria en nuestro país, que representa apenas el 12 por ciento del producto interno bruto (el promedio en América Latina es de 14 por ciento y entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de 28 por ciento), pero se requiere reflexionar con seriedad cómo hacerlo, pues hay que considerar que en nuestro país más de 50 millones de personas se encuentran en la pobreza y, entre éstas, 13 millones en condiciones extremas de pobreza. Imponer el IVA generalizado a las medicinas vendría a ser, en mi opinión, algo más que insensato –incluso criminal–, por lo que habría que buscar otras soluciones.
Hay un aspecto adicional en este debate que es importante considerar: la producción y desarrollo de medicamentos en México. El elevado costo de los fármacos se debe a que el motor de la industria farmacéutica internacional es la búsqueda y obtención de beneficios económicos. Parte de las ganancias se invierten en el desarrollo de nuevos y más sofisticados productos mediante la investigación científica y la innovación. Si bien nuestro país cuenta con una sólida tradición en la investigación química y farmacológica y los grupos científicos en estos campos son de excelencia, su número es reducido, pues durante décadas se ha propiciado la dependencia casi absoluta frente al exterior. Somos un mercado cautivo para las trasnacionales farmacéuticas.
Las reformas estructurales. como la que se avecina en materia hacendaria, deberían partir de una visión integral que contemplara medidas para aligerar la dependencia, mediante el desarrollo de proyectos científicos orientados a la producción de fármacos y a la creación de nuevos medicamentos en México. Ahora que están por definirse las prioridades en ciencia, tecnología e innovación, claramente aquí hay una.
Si, por el contrario, se insiste en aplicar un impuesto a los enfermos, adquiriría nuevo sentido el proverbio inglés: Nothing is certain but death and taxes
(nada es seguro sino la muerte y los impuestos), solo que en este caso habría una relación peculiar entre los dos conceptos empleados en la frase, pues aquí el impuesto podría conducir a la muerte.