Al menos 170 personas, entre ellas 30 mujeres, integraron el domingo pasado en la cabecera municipal de Olinalá, región Montaña Alta de Guerrero, la Policía Ciudadana de Olinalá (PCO), para combatir la delincuencia organizada sin la presencia de las autoridades gubernamentales, pero con apoyo de la Policía Ciudadana y Popular de los municipios vecinos de Cualác, Huamuxtitlán, y Temalacatzingo.

Antes de la presentación, los elementos de la PCO marcharon por las principales calles de Olinalá. En el acto, realizado en la secundaria Hermenegildo Galeana, se denunció que Nestora Salgado, una de las impulsoras de la PCO, recibió una llamada anónima con amenazas, en la cual le advirtieron que se aplacara, por lo cual los mismos miembros de la policía ciudadana pidieron que la Marina no salga de la cabecera municipal de Olinalá.

En tanto, la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP), que opera en las demarcaciones guerrerenses Huamuxtitlán y Cualác, así como en la comunidad Temalacatzingo del municipio de Olinalá, entre otros lugares, aseguró en un comunicado que elementos militares y de la Marina detuvieron al comisario municipal de Chiaucingo, municipio de Cualác.

Sostuvo que la autoridad municipal –cuyo nombre se reservó la CRSJ-PCP– fue amenazada de muerte por ser parte de la PCP, y le dieron de plazo este martes para que revele quiénes son los dirigentes, y de no hacerlo, será desaparecido y asesinado.

El Marqués: buscan evitar desalojo

En el municipio de El Marqués, Querétaro, habitantes del asentamiento irregular Segundo Barrio de Dolores, crearon un grupo de autodefensa para evitar ser desalojados. Los lugareños mantienen guardias permanentes las 24 horas en el acceso a la comunidad, donde colocaron barras metálicas y una caseta de vigilancia.

El conflicto por el Segundo Barrio de Dolores inició en 2000, según habitantes. No está claro cuándo fue creado el grupo de autodefensa; unos lugareños aseguraron que fue en marzo de 2009, cuando los desalojaron por primera vez. Gabriel Carmona Peña, líder estatal de la Unión General, Obrero, Campesina y Popular, dice que fue en diciembre de 2012.

El terreno federal, ubicado a unos 14 kilómetros de la capital de Querétaro, sin servicios básicos y rodeado de bancos de material para construcción (tierra y piedra), lo habitan 600 familias.

Quien pretenda ingresar debe mostrar una credencial que lo acredite como miembro de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) que, dijeron los guardias, encabeza al movimiento. Sin embargo, Juan Manuel Castillo Barragán, representante de la UGOCM en el estado, se deslindó de la situación y aseguró no encabezar ningún movimiento en la comunidad.