n Guerrero se prefirió la negociación política, a pesar de las presiones realizadas por halcones mediáticos y gubernamentales para actuar con ejemplar mano dura en el caso de los profesores en protesta. Hasta ahora, y a pesar de los presagios en contra que conlleva el peñismo en sí, no se ha desatado el espíritu represivo en el ámbito federal ni se ha obligado a gobernadores a hacerlo. Es probable que el éxito incluso internacional de la democracia de cúpulas denominada Pacto por México esté conteniendo los impulsos de rigorismo deseado por el segmento más belicoso de la administración federal. También es probable que la restauración priísta prefiera una programación represiva por fases, en la que le resulta más redituable sobrellevar hoy incluso los excesos cometidos por opositores en las calles y carreteras, ante el riesgo de que una chispa policiaca o militar pueda prender en la muy reseca pradera de la insatisfacción social.

El desenlace de la ruda batalla magisterial en Guerrero reafirma la importancia de la lucha política y social y demuestra que, por desgracia, la imposibilidad creciente de los políticos para atender reclamos populares sólo alcanza a ser superada mediante un activismo que puede llegar a significar violaciones al marco legal y molestias a terceros no involucrados en los problemas. El tamaño de las protestas colectivas, e incluso su desbordamiento y agresividad, suele corresponder al tamaño de la desatención institucional y a la acumulación de agravios gubernamentales.

Una primera lectura de lo sucedido en Guerrero ayuda a revisar la situación de los profesores agrupados por fuera y en contra del gordillismo ahora descabezado. Puede decirse que en principio, y a reserva de las maniobras que pudieran venir desde el flanco oficial, es una importante reivindicación del espíritu de lucha social que el gobierno guerrerense haya aprobado los principales puntos de un pliego petitorio cuyo impulso implicó la toma del palacio de gobierno de Chilpancingo, de otros edificios públicos e incluso de carreteras federales, en plena temporada vacacional. Aprobarlo, tal como lo ha hecho el gobierno de Ángel Aguirre (con la participación de Luis Enrique Miranda, la cuña de EPN en Gobernación, dependiente de Los Pinos más que del secretario Osorio Chong), hace ver que las exigencias no eran desproporcionadas ni producto de ocurrencias o voracidad sindical, y que hubieran naufragado entre burocratismo y demagogia oficiales de no haber peleado sus promotores por el cumplimiento de ellas.

Por lo pronto, queda fuera de lugar el simplismo que pretende satanizar a los profesores por defender sus legítimos intereses gremiales por fuera de las instancias corruptas que en el pasado controló la profesora Gordillo y ahora están a cargo de un sucesor bajo amenaza de guillotina, el fantasmal Juan Díaz de la Torre. Ni fueron ni son lo mismo el SNTE y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) o expresiones regionales como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG). Ni remotamente huelen a santidad política los dirigentes de estas organizaciones denominadas independientes, pero sus errores, excesos y vicios políticos y económicos no tienen comparación con la mafia oficial protegida por el sistema y dirigida en las décadas recientes por Carlos Jonguitud Barrios y luego por Elba Esther Gordillo.

Por tanto, y si se ve, como ahora, que sus demandas tan eran justas que acabaron siendo aceptadas en Guerrero, carece de fundamento la pretensión, impulsada desde medios de comunicación y ámbitos del gobierno federal, de equiparar al sindicalismo charro del gordillismo con la lucha de profesores de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, por dar algunos ejemplos. Tampoco puede invocarse la necesidad de un segundo Elbazo, esta vez contra profesores no alineados a las directrices del SNTE, pues son dos realidades distintas.

En la Huasteca potosina, como en otras latitudes, ha habido incendios físicos que ponen a prueba la resistencia social ante la ineficacia, la tardanza y las vacaciones de los gobernantes. Aun cuando desde días atrás se conocía la magnitud de los incendios forestales que afectaban una parte del territorio potosino, la crisis que comenzó este sábado reciente pareció haber tomado casi por sorpresa a funcionarios diversos. Para empezar, Juan José Ortiz Azuara, el priísta que preside el municipio de Ciudad Valles, estuvo ausente y se fue enterando de los hechos por teléfono, entre versiones insistentes de que estaba de vacaciones en Cancún o en Tabasco. Durante horas angustiosas, los vallenses tuvieron que enfrentar su difícil situación en calidad de víctimas y de salvadores, organizando brigadas de auxilio por fuera de las instancias oficiales, con la estructura municipal absolutamente rebasada por la dimensión de los acontecimientos, con el aparato estatal moviéndose con lentitud y más en términos declarativos, y con funcionarios federales abordando el asunto tarde y con enorme aportación de recursos discursivos.

Reunido con directivos del BBVA (en el marco del anuncio de nuevas inversiones importantes de ese banco para seguir explotando el mercado mexicano que aporta a la matriz hispana una parte importante de sus ganancias anuales, mediante un sistema fundado en el cobro de comisiones exageradas, sistemas de atención al cliente ineficaces y cavernarios, equipo tecnológico anticuado y otras linduras coloniales), Enrique Peña Nieto dijo que están por darse a conocer nuevas propuestas de reforma, esta vez en el ámbito financiero. Como en otras de las iniciativas peñistas, habrá de verse si los grandes propósitos enunciados en la superficie corresponden a la letra chiquita y a las adecuaciones técnicas que suelen favorecer los intereses de las cúpulas económicas.

Y, mientras los perredistas se animan, ante el éxito de sus pactos por México, a aliarse por primera vez con el PRI en elecciones estatales de Chihuahua, en un reconocimiento claro de las nuevas afinidades y cercanías, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx