El consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, señaló, en respuesta a las imputaciones del contralor general del organismo, Gregorio Guerrero –quien afirmó que los consejeros solapan la corrupción–, que este funcionario debe aprender que cuando sus propuestas no son aprobadas por un colectivo que tiene facultades para hacerlo, tiene que acatar.

Valdés agregó en entrevista: estas declaraciones, que yo lamento, no son dignas de un funcionario del nivel que tiene el contralor del IFE.

Para el consejero Alfredo Figueroa, con esas declaraciones (los consejeros nuevamente se han agachado a esconder la mugre debajo del tapete, señaló Guerrero el miércoles, en relación con la compra de un edificio en la avenida Acoxpa) sólo se busca encubrir la incapacidad del contralor para presentar proyectos que conciten siquiera un voto. Sólo busca la notoriedad pública que cubra la insuficiencia de su trabajo.

Ninguna prueba

El consejero Lorenzo Córdova se desmarcó del proyecto del contralor porque, expresó, no contenía un solo elemento de prueba de que efectivamente sufrió daño patrimonial el IFE.

El rechazo unánime es significativo, añadió Córdova, para quien la realidad dista de las declaraciones de Guerrero, según las cuales “pareciera que hay un acuerdo de omertá (ley del silencio en la mafia) entre los consejeros con el fin de plantear acuerdos oscuros para exonerar a alguien”.

Las acusaciones de Guerrero generaron tanta molestia en el IFE que motivaron además un pronunciamiento público.

“Consejeras y consejeros del IFE no toleramos ningún acto de corrupción, y de la misma manera no aceptaremos intentos de sancionar y perseguir sin pruebas a funcionarios y ex funcionarios del instituto.

Rechazamos con toda firmeza las declaraciones del titular de la contraloría, quien ha formulado acusaciones sin fundamento respecto de los integrantes del Consejo General. Si ésta es su convicción, debe acudir ante las instancias legales.

Se prepara denuncia penal

En paralelo, se conoció que en la contraloría se prepara ya un expediente para presentar una denuncia penal relacionada con la presunta compra irregular del edificio de Acoxpa, según el cual el instituto habría sufrido un daño patrimonial de 124.5 millones de pesos.

En el pronunciamiento se sostiene que los argumentos del proyecto (del contralor) se basan en suponer, sin un solo elemento de prueba, que el funcionario implicado (Fernando Santos, ex director ejecutivo de administración) convino con una institución pública (Banobras) un avalúo por encima del costo real del inmueble.

Valdés fue entrevistado en Oaxaca, donde reivindicó que en el IFE son absolutamente transparentes, y no hubo irregularidades. No lo digo yo, lo decimos ocho consejeros.

Más directo fue Figueroa, quien sostuvo que Guerrero intentó probar a partir de un conjunto de suposiciones una suerte de maquinación entre Banobras, institución pública ajena al IFE, y un funcionario del instituto. Agregó que sólo ha habido declaraciones y no pruebas, en un afán de notoriedad de Guerrero.

De acuerdo con Córdova, existe un elemento central: el contralor jamás desvirtuó el valor legal y técnico del avalúo de Banobras, sólo sustentó sus dichos en un avalúo previo. Quizá pudieron haber existido irregularidades, apuntó, pero el elemento central no hace concluir la sanción impuesta, además de que, según la legislación electoral, un director ejecutivo del IFE sólo puede ser sancionado por la comisión de irregularidades graves y sistemáticas, que evidentemente en el caso no las hay.

Córdova concluyó que del debate sobre el caso Acoxpa no se puede desprender que hubo conflicto con el contralor; no lo hay, fue un debate sobre una investigación.

–¿Virtualmente los acusa de esconder la corrupción?

–Sólo puedo decir que no comparto esa apreciación.