A pesar de que la administración federal de México no ha hecho esfuerzos suficientes para prevenir o erradicar crímenes de lesa humanidad ni ha castigado a quienes los cometen, su contraparte de Estados Unidos sigue otorgándole fondos millonarios de la Iniciativa Mérida, afirmó Maureen Meyer, encargada principal del programa para México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

Lo anterior deja la impresión de que el único objetivo de ambos países es justificar el uso de dichos recursos, sin importar la situación de los derechos humanos, sostuvo.

Lamentó la falta de compromiso del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuyos representantes tuvieron ayer su primer encuentro con funcionarios del Departamento de Estado estadunidense en el contexto del diálogo bilateral sobre derechos humanos.

Lo que hemos visto del nuevo gobierno mexicano es un discurso muy favorable sobre las garantías básicas de los ciudadanos, así como la aprobación de medidas legislativas como la Ley General de Víctimas, pero para medir su compromiso real tendría que haber avances en el tema de las sanciones a los responsables de delitos como la desaparición forzada, y no ha habido ninguna persona castigada por ellos, indicó la especialista.

Aunque admitió que cien días es un plazo insuficiente para notar algún cambio significativo en ese sentido, Meyer enfatizó que no basta con tener un buen marco legal de derechos humanos si no hay al mismo tiempo otros indicadores claves que demuestren la voluntad de cambio de las autoridades nacionales.

La reunión de ayer, consideró, es una buena oportunidad para que el Departamento de Estado haga un diagnóstico real de lo que sucede, porque cuando mandan informes al Congreso diciendo que México cumple con lo que en realidad no está cumpliendo, da la imagen de que sólo lo hace como un requisito para justificar los fondos de la Iniciativa Mérida. Es una muy mala señal.

De acuerdo con el reglamento de dicho esquema de seguridad, si el gobierno que recibe ayuda económica no cumple con ciertos requisitos en materia de derechos humanos, es posible retener una parte de los fondos hasta que haya avances satisfactorios.

En el informe del año pasado, recordó Meyer, se condicionó el uso de 18 millones de dólares a que las autoridades mexicanas diseñaran un plan de trabajo en derechos humanos, impulsaran reformas legales en ese sentido, investigaran a fondo los abusos y castigaran a los responsables, y aunque no hubo avances suficientes, los fondos de todas maneras son autorizados por Washington.