Con una modificación, el Senado aprobó ayer la reforma a la Ley General de Víctimas, luego de más de tres horas de debate en las que el PAN descalificó la legislación y las demás fuerzas políticas resaltaron que lo fundamental es que se recogen las demandas y el sentir de quienes han sufrido el ataque del crimen organizado o han visto violados sus derechos humanos frente a un Estado que no ha sido capaz de proteger la vida y los bienes de los ciudadanos.

En lo general, la aprobación de esa reforma, propuesta por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), fue por unanimidad, con 103 votos en favor, pero en lo particular Acción Nacional votó en contra de siete artículos que reservó y la mayoría de los oradores panistas pusieron en duda la efectividad de la legislación y se lanzaron contra el presidente Enrique Peña Nieto por haber promulgado la ley ahora vigente, que Felipe Calderón vetó.

Es un debate ‘‘emocional’’, les respondió el perredista Alejandro Encinas, luego de que tanto el presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth, como la senadora Adriana Dávila –quien fijó la postura del PAN–, sostuvieron que fue una ‘‘irresponsabilidad’’ de Peña Nieto haber promulgado la Ley General de Víctimas, ‘‘tan sólo por el aplauso mediático’’, ya que a dos meses de ello, se demostró que es una legislación que no sirve a las víctimas, porque le debieron hacer modificaciones a 70 por ciento del articulado original.

Al hablar en nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el perredista Encinas sostuvo que en realidad ayer se cerró ‘‘un ciclo tortuoso que ha seguido esa ley desde sus inicios’’, y recordó cómo el blanquiazul maniobró desde San Lázaro en abril de 2012 para retener la minuta, aprobada ya por las dos cámaras del Congreso, para ayudar a que el entonces presidente Calderón pudiera vetarla y luego presentar una controversia constitucional en su contra. Desmintió también la afirmación de Gil Zuarth, quien sostuvo que el Senado se está convirtiendo en ‘‘ventanilla de trámite de asuntos ajenos’’.

Hizo notar que el Senado actuó a la altura, al hacer suya la propuesta de reforma que formularon el MPJD y otras organizaciones de víctimas. La priísta Arely Cuevas, en tanto, resaltó que se atiende a la realidad de que el Estado no puede seguir ‘‘sordo’’ ante las demandas de justicia de las víctimas. Su compañera de bancada Ivonne Alvarez recalcó que es ‘‘insostenible’’ decirle a una madre que su hijo no estará más con ella, porque fue una ‘‘víctima colateral’’.

Esta reforma ‘‘va por todos los ciudadanos que alzaron la voz cuando eran invisibles para los gobiernos. Va por todos aquellos que tienen la esperanza de que encontrarán la fuerza de la verdad de lo ocurrido con sus familiares y la compensación por los daños sufridos’’, insistió la senadora priísta.

El perredista Manuel Camacho Solís recalcó que es bueno que Peña Nieto haya cumplido su compromiso de campaña y que las movilizaciones de las organizaciones de víctimas se tradujeran en un cambio fundamental, en un acto de justicia y de orgullo para el Senado.

Durante la discusión de la reforma en lo particular, PRI, PRD, PT y PVEM votaron en contra de seis de las siete reservas propuestas por el PAN. Entre ellas, la modificación al artículo 140 bis, para obligar a los gobiernos estatales a crear fondos para el pago de compensaciones económicas a las víctimas.

Los blanquiazules se enojaron aún más, porque el artículo 79 de esa ley, que un día antes habían logrado que se modificara en comisiones, ayer el PRI, a través de Cristina Díaz, propuso cambiar y lo logró con el apoyo del PRD. De los cinco días que se habían establecido como plazo para que las autoridades atiendan a las víctimas, se incrementó a un mes.

A la sesión no asistió el dirigente del Movimiento por la Paz, Javier Sicilia, quien se encuentra enfermo, pero en su lugar estuvo el abogado de ese movimiento, Julio Hernández Barros, quien se mostró satisfecho por la aprobación de la reforma, al igual que Isabel Miranda de Wallace, dirigente de la organización Alto al Secuestro.

Finalmente, la minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para su aprobación.