n días recientes el contralor interno del Instituto Federal Electoral (IFE), Gregorio Guerrero, ha venido denunciando un supuesto daño patrimonial al organismo por 124 millones de pesos, en el marco de la compra de un edificio en el sur de la ciudad de México a un precio muy por encima de su valor. El señalamiento ha derivado en una abierta confrontación entre el titular del órgano fiscalizador del IFE y los consejeros electorales, quienes rechazaron el dictamen en el que se proponía sancionar al ex director de Administración del organismo, Fernando Santos. Guerrero, por su parte, ha acusado a los consejeros de esconder la mugre bajo del tapete y ha anunciado que presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República por estos hechos.

Con independencia de las investigaciones y posibles sanciones a que dé lugar tal denuncia, no es ésta la primera vez que el órgano electoral es señalado por malos manejos de sus recursos: otro caso es la decisión, adoptada por los consejeros electorales en 2011, de conservar casi 350 millones de pesos no ejercidos de su presupuesto para 2010 por considerarlos un ahorro –cuando tales recursos tendrían que haber sido devueltos a la Tesorería de la Federación–, lo que dio pie a un choque declarativo con el Poder Legislativo. En noviembre del año pasado la propia contraloría interna del IFE documentó diversas irregularidades en el manejo de los recursos del organismo, entre las que destacaban excedentes de plazas laborales, gastos excesivos y no comprobados en combustible, pagos duplicados de telefonía celular, erogaciones no autorizadas para la renta de inmuebles y automóviles de funcionarios.

La referida cadena de irregularidades pone en perspectiva un patrón de conducta –opaco y presumiblemente ilegal– en el manejo de los recursos ejercidos por el instituto, que resulta doblemente inadmisible si se coteja con el cuestionable desempeño del IFE en su responsabilidad fundamental de organizar procesos electorales equitativos, transparentes y confiables, particularmente durante los dos recientes comicios presidenciales: 2006 y 2012.

Por lo demás, las irregularidades referidas en el IFE son ejemplos de la opacidad y la discrecionalidad con que se manejan los recursos públicos a escala nacional, y se suman a las detectadas recientemente por la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública de 2011 y a los casos de dispendio injustificado y presumible corrupción que se han documentado en diversas entidades y municipios del país. Para colmo, las denuncias del contralor del IFE ponen en perspectiva la situación de privilegio en que operan los órganos constitucionales autónomos, cuyos integrantes, ante la insuficiencia de controles externos de fiscalización y en uso distorsionado de sus potestades, generan entornos propicios para el manejo poco transparente de los presupuestos que reciben.

A la luz del conjunto de anomalías documentadas por la contraloría general del IFE, lo menos que cabría esperar es una investigación exhaustiva por las autoridades correspondientes y, en caso de que tales pesquisas lleguen a las mismas conclusiones que la instancia fiscalizadora de la institución electoral, ésta tendría que ser sometida a una profunda transformación en sus prácticas y composición. Por lo pronto, los consejeros del órgano electoral, al igual que el resto de los integrantes de la clase política en el país, no tienen motivo alguno para sorprenderse del desprestigio generalizado que arrastran de cara al conjunto de la sociedad.