La Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos de Guerrero, Michoacán, Chiapas, Morelos, Hidalgo y Jalisco, ‘‘redoblen esfuerzos para implementar acciones urgentes y contundentes tendientes a persuadir y disuadir a los grupos de autodefensa civil a que cesen en la realización de los operativos que vienen orquestando’’.

La propuesta fue presentada por el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza y respaldada por los legisladores de PRI y PAN, quienes con su voto consiguieron formar una mayoría, a pesar de las reticencias de PRD y Movimiento Ciudadano (MC).

Ricardo Monreal, coordinador de MC, calificó de riesgoso pretender disuadir a los grupos de autodefensa civil, mientras Teresa Mújica (PRD) consideró necesario estudiar a fondo el tema porque en gran cantidad de comunidades de diferentes regiones del país los grupos de autodefensa son regulados por la sociedad, que autoriza su operación con objeto de defenderse de la delincuencia organizada.

Según la exposición de motivos presentada ayer, ‘‘la creación de grupos de autodefensa civil es uno de los problemas más preocupantes en materia de seguridad pública y mantenimiento del estado de derecho’’. Es decir, la proliferación de éstos, prohijada en el aumento de ausencia o incapacidad de las policías municipales, estatales y federales, ‘‘da como resultado que comunidades tomen en sus manos la acción de la justicia y el control armado de sus respectivas regiones’’.

El documento refiere la existencia de alrededor de 36 grupos de autodefensa en ocho estados, ‘‘lo que representa un grave indicio de debilidad del Estado en zonas rurales donde el crimen organizado ha adquirido la capacidad de imponer sus reglas a poblaciones enteras’’.

La aparición –se insiste– de organizaciones armadas que asumen la defensa de las comunidades y aplican normas propias de impartición de justicia ‘‘obliga a poner atención en un fenómeno que puede agravar la situación de violencia imperante en muchos municipios.

‘‘Sin duda, detrás de la formación de estos grupos se encuentra el abandono del Estado mexicano y la pérdida de credibilidad en las autoridades gubernamentales. Sin embargo, no puede dejar de pensarse en que el debilitamiento del estado de derecho da oportunidad al narcotráfico y al crimen organizado para manipular a las poblaciones a fin de proteger y promover sus intereses.’’

Tales argumentos imperaron en la decisión de la mayoría de los legisladores de PRI y PAN, y concluyeron aceptando que los grupos de autodefensa contravienen la legalidad y pueden propiciar enfrentamientos armados que afectarían inevitablemente a la ciudadanía.

Por tal razón, ‘‘aun en las circunstancias de gran inseguridad que prevalecen en algunas zonas, no se justifica romper el orden estatal para dar paso a organizaciones que pueden salirse de control y generar una crisis de gobernabilidad’’.