a no resultaron las cosas tan sencillas ni tan agradables como a los pactistas opositores les parecían ser. El júbilo de una gran mayoría de la clase política ha dado paso a dudas y resquemores a la hora de entrar a los detalles, específicamente los relacionados con la manera en que las televisoras de difusión abierta, por cable y satelital habrán de ofrecerse y cobrarse el uso de contenidos. Algunos de los que aplaudían con pasión la histórica propuesta avalada por el Pacto por México ahora se enteran de que en esos detalles anidan las peores intenciones de los diablos concurrentes y que mediante manipulaciones de última hora bien puede hacerse que la palabrería genérica, la oratoria pomposa, sea arrollada y doblegada. Vale decir: cuando entraron a la letra chiquita, Televisa seguía allí.

Las escaramuzas de ayer constituyen un adelanto de lo que podrá suceder en otros rubros reformistas amparados en la letra grande por el (De)Facto por México. A los priístas expertos en la marrullería legislativa les ha dado por cometer errores, como en el caso de la supresión del fuero al presidente de la República, cuyos términos fueron redactados de una manera que se presta a interpretaciones y distorsiones al pasar de San Lázaro al Senado, en un intento vergonzoso de hacer trampa mediante el tecleo.

En el caso de las telecomunicaciones, los caballeros andantes del PRI no están dispuestos a que sea autorizada la enorme injusticia de que poderosos empresarios de la casa Slim (y sus asociados, MVS Telecomunicaciones y Dish) se beneficien de ciertos parámetros de libre suministro de contenidos entre televisoras. Acomedidos, los mandos priístas de San Lázaro están asumiendo la postura deseada por Emilio Azcárraga y su todopoderosa Televisa en materia de lo que técnicamente es conocido como must carry y must offer, con lo cual confirman que los enredijos técnicos que habrán de definirse en los meses venideros, y la operación del autónomo instituto federal de telecomunicaciones estarán contaminados de las sabidas manipulaciones desde el poder político a favor de los empresarios consentidos. Ya está pasando en lo relacionado con las telecomunicaciones; ya llegará el momento de lo energético y lo fiscal.

También será necesario conocer los detalles de la nueva estrategia del gobierno federal respecto al combate a la delincuencia organizada. Calderón hizo ostentoso uso de las fuerzas armadas para confrontar a los cárteles, y Peña Nieto ha preferido una especie de abstención que solamente se rompe en circunstancias excepcionales (Estado fallido pero también Estado evasivo). Pero los resultados en las calles son iguales o peores: se mantiene el volumen de actos delictivos, sobre todo en cuanto a muertos, pero con el agregado de que ahora pareciera haberse instaurado una política de dejar que los grupos criminales se exterminen entre sí, tratando de que policías y militares se aparezcan lo menos posible en los momentos cruciales.

La nueva filosofía de seguridad pública fue planteada ayer por uno de los subsecretarios de Gobernación, Eduardo Sánchez, quien habló de que ahora se prefieren los tiros de precisión y no el combate abierto, riesgoso para la población. En el país entero hay ciudades que de pronto y durante horas son convertidas en campo de lucha entre bandos de narcotraficantes sin que las autoridades intervengan, lo que es explicable a partir de lo que precisó el funcionario de Bucareli, al decir que la nueva administración federal se ha aplicado a reducir significativamente, y en la medida de que esto es posible, la violencia o el legítimo uso de la fuerza por parte del Estado, buscando realizar aprehensiones de delincuentes con la menor violencia posible, de manera tal que no se cause daños a los ciudadanos.

En el Instituto Federal Electoral (IFE) practican similar vocación por la apacibilidad aun entre truenos. El consejo general de ese instituto tuvo a bien perdonar el daño patrimonial por 124 millones de pesos que cometió un funcionario administrativo que ahora forma parte de la plantilla de Miguel Ángel Osorio Chong en Gobernación. Tan contundente decantación por lo fraudulento tiene como marco de referencia la compra de un bien inmueble, pero tamaña solidaridad con la transa hace suponer que similares acciones trácalas han de ser compartidas y también perdonadas en asuntos menores, administrativos, de lo cotidiano. El titular de la contraloría del propio IFE hizo saber su enojo por la protección de los consejeros al funcionario en cuestión. Dijo que esos consejeros prefieren esconder la mugre bajo el tapete. Y no se hablaba de tarjetas Soriana o Mónex ni de maniobras para adulterar elecciones.

El director del proyecto Metro, Enrique Horcasitas, sacó la mugre de debajo del tapete en la línea 12 capitalina, la Dorada que consumió tantos afanes de Marcelo Ebrard. Resulta que costó más cara de lo previsto: por desviaciones presupuestales, más de mil millones de pesos; la constructora ha demandado casi 4 mil millones más a causa de trabajos adicionales y el equipamiento ni siquiera fue concluido (entre otros detalles, faltan algunas escaleras eléctricas).

La exhibición de suciedad operativa se produce en momentos en que Ebrard pretende dar celeridad a su intención de ser el próximo presidente del PRD, en sustitución de Jesús Zambrano, quien junto con su corriente interna, la Nueva Izquierda, no se muere de ganas de hacerse a un lado. Los Chuchos se han acercado al actual acólito de gobierno, Miguel Ángel Mancera, en una alianza que le ha permitido a éste sentirse con fuerza como para advertir que el jefe de la administración capitalina es él y no Ebrard. Además, luego de su viaje a Roma, que realizó abiertamente como parte de la comitiva de Peña Nieto, Mancera cree ir haciéndose de más fuerza personal, la que creerá multiplicada si el papa Francisco incluye al Distrito Federal en su próxima gira a México.

Y, mientras siguen los ajustes a la ley de víctimas, ¡hasta mañana!

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