La debilidad de las finanzas estatales es uno de los factores que afectan la adecuada gestión del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (Faeb) –principal bolsa de financiamiento del sistema de educación pública–, a lo cual se suma un marco normativo con vacíos y ambigüedades que dificulta su fiscalización y transparencia, advierte la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su análisis de la cuenta pública 2011.

En su reporte más reciente detectó que se desconoce el destino de al menos 6 mil 94 millones de pesos que fueron etiquetados para los estados, a lo cual se suman pagos de gastos y otros conceptos de ejercicios anteriores por mil 459 millones; gastos de operación que no corresponden con los fines del fondo, por 605 millones, pago con cargo a centros de trabajo no financiables por el Faeb, como instituciones de nivel medio superior, superior o áreas no ligadas a la formación de docentes, por 240 millones 439 mil, entre otros rubros.

Creado en 1998 como parte del proceso de descentralización de los servicios educativos, el fondo, que en 2011 contó con 292 mil 776 millones 600 mil pesos (de los cuales se auditó 93.9 por ciento), ha mantenido desde 2008 una fórmula de distribución que castiga la ruralidad y la marginación, afirma la ASF.

Los factores

Debido a que los principales factores para la asignación del Faeb son el gasto educativo estatal, la matrícula y la calidad, no considera el impacto económico que representa para las entidades la atención educativa a comunidades rurales e indígenas, a lo que se suma que en 13 entidades no se cuenta con un subsistema estatal de enseñanza, por lo que no se canalizan recursos propios, lo cual resulta inequitativo en sus mecanismos de acceso a los fondos federales.

En su reporte de resultados, subraya que de los 14 mil 850 millones 604 mil pesos que deberán recuperarse por presuntas irregularidades en su aplicación, al menos 42.9 por ciento corresponde a fondos cuyo destino se desconoce.

Al menos nueve entidades reportan esa irregularidad, pero el estado de México, con mil 886 millones 802 mil pesos, y Veracruz, con 2 mil 967 millones 520 mil, son los estados con mayor cantidad de fondos que no se comprobaron.

Otro 10.2 por ciento de la inversión que se destina hasta en 95 por ciento al pago de servicios, es decir, salarios de profesores, directores y personal de apoyo, se canalizó a conceptos correspondientes a años anteriores, por mil 456 millones, situación que enfrentan Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca, entre otros.