Más de 50 organizaciones defensoras de los derechos humanos, de género y de la población migrante de México y de Estados Unidos, demandaron al gobierno de Enrique Peña Nieto que realice consultas incluyentes y abiertas sobre el tema para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018.

‘‘El Ejecutivo federal ha convocado a foros sectoriales de manera precipitada y sin un mecanismo transparente’’, señalaron la titular del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Miriam González; del Grupo de Trabajo en Política Migratoria; el Colectivo Plan Nacional de Desarrollo-Migraciones, constituido por más de 30 asociaciones, y el Foro Migraciones, integrado por decenas de agrupaciones de defensa de los derechos humanos.

A unas horas de que se inicie uno de los foros sobre el tema en Veracruz, González destacó que es insuficiente la difusión de una página de Internet para realizar las consultas, la creación de ventanillas, y se desconoce el criterio para invitar a la sociedad a participar en los foros regionales.

La titular del Imumi comentó que con el fin de que se realice un proceso ‘‘democrático, incluyente y transparente’’, que retome las propuestas de las organizaciones civiles en la elaboración del PND 2013-2018, y se vean reflejadas en las políticas públicas, enviaron una carta al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en la cual piden la inclusión de la sociedad civil y los migrantes.

‘‘Requerimos de un mecanismo de participación ciudadana que permita colocar la migración como eje transversal en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo desde un enfoque integral’’, refirió.

Sobre las propuestas que hicieron llegar al titular de Hacienda, las organizaciones plantearon la necesidad de elaborar y desarrollar una política migratoria integral, multidimensional y multisectorial, con los siguientes enfoques: de género, derechos humanos, desarrollo sustentable e interculturalidad, y que incluya las propuestas de la sociedad civil y de la población migrante.

Consideran relevante que las organizaciones tengan una trayectoria reconocida en la defensa de los derechos humanos de ese grupo de población.

Demandan que se garantice la separación del tema migratorio del de seguridad nacional en las políticas derivadas del PND, y que ello se refleje en la asignación de los funcionarios de las instituciones gubernamentales relacionadas con la migración.