 Delilah Montoya: La Malinche, calotipo |
Brisa Araujo y Adazahira Chávez
La defensa del territorio y del propio sistema de justicia de los pueblos de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, agrupados en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (crac-Policía Comunitaria), no tiene descanso. En el frente externo deben luchar contra las mineras y contra un decreto que los desarticularía. En lo interno, se impone la necesidad de mirar atrás y redefinir su proyecto político.
Tras el relevo de las autoridades de las cuatro casas de justicia (San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso), accidentado en un inicio por el conflicto que se desató con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (upoeg), “la crac sale fortalecida y con autoridades nombradas en el mismo sentido del proyecto”, señala Valentín Hernández, asesor jurídico de la Coordinadora.
El proceso de elección, señala Hernández, afirmó el diálogo entre la estructura de la organización y las bases, y fue una oportunidad para aclarar las diferencias entre distintos proyectos de seguridad y justicia. En los 17 años de existencia de la crac se ha perfilado la construcción de un sistema integral “no sólo de seguridad, justicia y educación”, apunta Valentín, sino para actuar en otras problemáticas de los pueblos, “como salud, comunicación y producción”, afirma.
El cambio sirvió también para que los pueblos hablaran de sus expectativas. Uno de los primeros procesos será una reevaluación de todas las instancias de la crac para redefinir sus tareas y precisar un proyecto estratégico pensando ya en las próximas décadas, señala el asesor. La reevaluación histórica del proyecto de la crac se volvió urgente después de la amplia proyección del movimiento tanto a nivel regional como nacional: “Hace 17 años, nunca se pensó que lograríamos llegar a esta edad”, recordó.
El relevo generacional en los liderazgos es otra de las necesidades inmediatas para asegurar que la Coordinadora sea una alternativa real que resuelva el fondo de los problemas de los pueblos. “Tenemos que pensar que tienen que hacer suyo este proceso y empoderarse —todas las generaciones—, que los jóvenes y los niños se vean identificados, que se sientan parte y que en todo momento defiendan con claridad por lo que están luchando”, afirma Valentín Hernández.
El decreto de Aguirre. Los tres primeros años de su funcionamiento, entre 1995 y 1998, la Policía Comunitaria entregaba a los detenidos a los ministerios públicos. Ante la evidencia de que las autoridades no procesaban eficazmente a los delincuentes entregados, las comunidades “decidimos dotarnos de nuestras propias autoridades regionales para la procuración e impartición de justicia”, señala la página de la Coordinadora, y nació la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (crac).
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Tras el reconocimiento de su sistema de justicia en abril de 2011 por la Ley estatal 701, vino el anuncio de un nuevo decreto en febrero de 2013 vinculado al surgimiento de multitud de grupos de autodefensa en la zona de Ayutla, liderados por la upoeg. El decreto pretende que las policías comunitarias sean agentes auxiliares del Estado y prohíbe aplicar procesos de reeducación o sanciones, procesar a los detenidos, realizar detenciones fuera de la flagrancia, entre otras medidas que abarcan todas las funciones de la crac. Además, amenaza con sanciones si se realizan estas acciones.
Para Gelasio Barrera, septuagenario fundador de la Policía Comunitaria, convertirse en auxiliares del Estado daría un golpe mortal a la base de la Comunitaria: que el mando directo de la policía es el pueblo y no el gobierno. El abogado mixteco Francisco López Bárcenas señala que las policías comunitarias son un fenómeno histórico en México y que la sorpresa que muestran las autoridades del gobierno por su aparición se debe “a que no han volteado a ver a los pueblos indígenas”.
Los sistemas de justicia indígena, señala el jurista, están amparados en México al menos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit) y por el artículo 2 de la Constitución. Si el Estado no se ajusta a ello, viola los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
En la Comunitaria el rechazo al decreto se expresó durante el Encuentro Estatal por la Defensa de la Seguridad y la Justicia de los Pueblos, el 17 de febrero, cuando un centenar de comunitarios quemó simbólicamente el decreto, al tiempo que el comandante Eliseo Villar declaró: “aquí quemamos la basura que nos quieren imponer el gobierno estatal y federal y aquellos compas traicioneros que hoy le están dando lado al gobierno y la espalda al sistema comunitario”.
Un proyecto político. La Policía Comunitaria surgió respondiendo a demandas urgentes de los pueblos de la Montaña de Guerrero. En un primer momento, recuerda el asesor Hernández, no nació como un proyecto político sino como “una conjunción de puntos de vista, acciones y esfuerzos de varios actores, como las organizaciones productivas y las organizaciones sociales, los pueblos —de manera directa— y otros actores sociales”.
A partir de la construcción y la lucha “se ha ido definiendo una práctica, principios, una cierta filosofía, procurando que el pueblo tenga en sus manos el proceso”, y agrega que en este momento se hace necesario definir un proyecto político. Por un lado, ubica Valentín, está la vía ya conocida por los movimientos: el diálogo y negociación con el gobierno. Por otro lado, está una idea que surge con fuerza en las bases y que refleja sus principios: la construcción de un proceso autonómico bajo la idea de que el pueblo debe tener en sus manos el proceso y el proyecto.
No hay una definición todavía pero, señala Hernández, la forma en que la tomarán ya está: será de manera colectiva y “muy bien pensada” para que beneficie verdaderamente a los pueblos.