La investigación en contra de Elba Esther Gordillo Morales y una red de operadores financieros que presuntamente participaron en el desvío de más de 2 mil 600 millones de pesos de las arcas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) provocó que cuatro de los más cercanos colaboradores de la maestra solicitaran amparos a la justicia federal para no ser detenidos, entre ellos su yerno y subsecretario de Educación Pública (SEP) durante el sexenio de Felipe Calderón, Fernando González Sánchez.

En tanto, el Ministerio Público Federal concederá los beneficios de testigo colaborador –que incluyen la reducción de sentencia hasta en dos terceras partes– a Nora Guadalupe Ugarte Ramírez por la información que ha entregado para fortalecer la indagatoria, revelaron colaboradores del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Funcionarios del Poder Judicial y de la PGR señalaron que no se ha solicitado ninguna orden de captura en contra de familiares o ex colaboradores de Gordillo Morales; sin embargo, entre lunes y miércoles pidieron amparos en contra de cualquier mandamiento de aprehensión el ex subsecretario Fernando González Sánchez, Francisco Arriola Urbina (ex esposo), René Fujiwara Apodaca (ex yerno) y la ex diputada del Partido Nueva Alianza Silvia Luna Rodríguez.

González Sánchez, quien fungió como subsecretario de Educación Básica durante el sexenio de Felipe Calderón, solicitó la medida cautelar ante la posibilidad de ser detenido por estar presuntamente involucrado en la investigación de lavado de dinero en contra de su suegra.

Unos meses antes de concluir el sexenio calderonista, González Sánchez renunció a su cargo al obtener una candidatura a senador por el Partido Nueva Alianza, pero fue derrotado en la contienda electoral del año pasado. La demanda de amparo fue presentada ayer en la oficialía de partes del Palacio de Justicia de San Lázaro y turnada a un juzgado de distrito en la ciudad de México, a decir de funcionarios del Poder Judicial.

Hasta el cierre de esta edición, las solicitudes de Francisco Arriola Urbina, René Fujiwara Apodaca y Silvia Luna Rodríguez no habían sido aceptadas por el juzgado primero de distrito y el asunto entró en un conflicto, toda vez que ellos solicitaron la protección judicial en un juzgado con sede en Jalisco y éste envió los expedientes a un órgano con asiento en la capital de la República, pero ambos se han declarado incompetentes, por lo que corresponderá a un tribunal decidir a qué instancia corresponde resolver las peticiones.

Dentro de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/016/2013 solamente se ha ejercitado acción penal en contra de Isaías Gallardo, José Manuel Díaz y Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, pero ésta es la única que no se encuentra internada en una prisión, sino en calidad de detenida dentro del Hospital Central Militar, donde recibe atención médica por sufrir presuntos padecimientos de presión arterial.

Ugarte Ramírez se ha convertido en uno de los testigos más importantes de la PGR en este caso, ya que según algunas versiones la coacusada de Gordillo Morales aportó datos que involucran como beneficiarias de los desvíos de dinero a las hijas de la lideresa, Mónica Arriola y Maricruz Montelongo.

Según funcionarios de la PGR, Nora Guadalupe Ugarte hizo del conocimiento del juzgado sexto de distrito en materia penal, y del Ministerio Público Federal, datos que llevarían a establecer el destino de otros de 6 mil millones de pesos que llegaron a las cuentas 5637017000001663 y 5637017000003616 de Banco Santander entre 2009 y 2012, y que fueron ‘‘dispersados’’ al poco tiempo, así como los beneficiarios de ese dinero.

Los datos fueron aportados el pasado jueves, cuando los abogados de Elba Esther Gordillo acudieron al Hospital Central Militar para estar presentes durante la declaración preparatoria de Ugarte Ramírez, pero la inculpada decidió colaborar con la PGR y no aceptar que la defendieran los mismos abogados que a la maestra, a quien dijo no haber conocido en persona, a pesar de haber trabajado en el SNTE desde 1994 y despedida el pasado 15 de febrero, es decir dos días después de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formalizó la denuncia contra Gordillo y sus coacusados ante la PGR.

Ugarte Ramírez fue la punta de la investigación por lavado de dinero y delincuencia organizada que involucra a Gordillo Morales, ya que a ella se le detectaron movimientos inusuales por 2 millones 600 mil pesos en diciembre de 2012, y ello permitió descubrir que más de 2 mil 600 millones de pesos habían sido desviados de las arcas del SNTE a cuentas de la lideresa entre 2009 y 2012.