Por violación al derecho a la vivienda de 80 familias, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 3/2013, dirigida al Instituto de Vivienda (Invi), a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia capitalina.

El órgano autónomo consideró preocupante la probable corrupción que pudiera existir en el instituto capitalino, debido a que ciertas organizaciones se ven mayormente privilegiadas sobre otras o sobre algunos ciudadanos, sin existir fundamento para ello, así como los casos de invasión de predios del Invi en los que se acreditó la falta de interés para recuperarlos, en perjuicio de los beneficiarios.

Lo anterior, apuntó, es contrario a los casos de los 21 expedientes de queja que analizó para emitir la exhortación de 75 puntos, donde hubo desalojos forzosos, evacuaciones o desocupaciones actos de autoridad que violaron el derecho de los agraviados.

El Invi es el encargado de garantizar el derecho a la vivienda en el Distrito Federal de las personas que por sus condiciones económicas y de vulnerabilidad no han podido acceder a una morada, pero que reúnen los requisitos.

Ante ello, preocupa particularmente a esta comisión la falta de certeza jurídica por parte del instituto hacia los beneficiarios de proyectos de vivienda, debido a la aplicación arbitraria, discrecional y sin transparencia de algunas disposiciones o conceptos de las reglas de operación, se expone en el documento.

Según la recomendación citada, el Invi violó el derecho a la vivienda adecuada en perjuicio de las familias que sufrieron desalojos forzosos, evacuaciones o desocupaciones, nombradas así por la autoridad.

Con ello, el instituto afectó también el derecho a la consulta, a la información a la propiedad y al trabajo.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública afectó el principio de legalidad al emplear la fuerza sin tener un mandato expedido por una autoridad competente para realizar los desalojo.

Respecto de la PGJDF, indicó que violó el derecho al acceso a la justicia de las víctimas de los desalojos, con su falta de debida diligencia en la integración de las averiguaciones previas que realizan los Ministerios Públicos.