na reforma educativa elevada a rango constitucional y el encarcelamiento de la líder del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo, aparecen hoy como los elementos principales en el escenario de la educación en México. Pero la pregunta que surge es: ¿de qué manera estos acontecimientos se reflejarán (si es que lo hacen) en el mejoramiento del sistema educativo de nuestro país?
La reforma constitucional en materia educativa promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el martes pasado determina, entre otros temas, un servicio profesional docente en el que el ingreso, la permanencia y la promoción de los maestros estarán basados en exámenes de oposición, con lo que los criterios principales serían los méritos académicos de los docentes. Como se coloca en el centro a la medición del desempeño, se dispone la creación de un Sistema Nacional para la Evaluación dotado de autonomía, el cual, entre otras funciones, determinará los criterios con los que se practicarán las evaluaciones no sólo a los mentores, sino a todo el sistema educativo.
Si bien estos aspectos pueden ser vistos en frío como muy positivos, diferentes especialistas han identificado en la reforma importantes limitaciones. Para poner un solo ejemplo: ¿cómo decidir sobre la permanencia de un maestro cuyos alumnos tienen limitaciones en el aprendizaje del español, las matemáticas y las ciencias, si no se le ha dado la opción de actualizarse en estas disciplinas? Para no mencionar otros temas como los salarios, la alimentación de los niños y adolescentes, o la falta de gises y baños en muchas escuelas.
Todo parece indicar que una vez que ha sido llevada a la Constitución esta reforma, el verdadero debate habrá de producirse a la hora de elaborar las leyes secundarias. La reforma al artículo tercero, tal como fue promulgada, no parece ser, por sí misma, una solución al rezago educativo. Determinar una relación directa entre las evaluaciones y el aumento en la calidad educativa resulta complicado si no se toman en cuenta otros factores.
Por otra parte, Elba Esther Gordillo está en la cárcel, completamente anulada de cualquier participación en los temas educativos del país. Las acusaciones de desvío de los fondos sindicales en beneficio de la maestra y sus allegados, es decir la corrupción, difícilmente se extenderán a otras organizaciones gremiales donde esta práctica es lo común. De este modo, el gobierno toma el timón de la organización sindical más grande de América Latina y de sus mecanismos de control sobre los trabajadores, así como de su eficiente estructura electoral. Los beneficios, si se les puede llamar así, son principalmente políticos. En el terreno educativo, en el contexto de los cambios constitucionales, con esta medida se elimina quizá una fuente de chantajes que dificultaría la aplicación de la reforma, pero eso es todo.
Mientras tanto, la educación en México es un desastre. Los resultados de la prueba Pisa que aplica la Organización para la Cooperación Económica (Ocde) colocaron en 2009 a los jóvenes mexicanos en el último lugar en lectura, matemáticas y ciencias entre los países miembros, y en las posiciones más bajas (el lugar 44) en un grupo de 65 naciones seleccionadas. Los jóvenes de 15 años examinados en ese año en nuestro país apenas alcanzan el nivel 2 de lectura, en matemáticas se encuentran en el 1 y en ciencias en el 2 (en escala que va de 1 a 6); esto muestra un nivel bajísimo, aunque algunos observadores se engañan celebrando progresos ridículos entre los resultados comparativos de las pruebas aplicadas en 2006 y 2009.
Pero, volviendo a la pregunta inicial: ¿de qué manera la reforma educativa elevada a rango constitucional y las modificaciones en la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se traducirán en el mejoramiento educativo en nuestro país? Hoy nadie tiene la respuesta.
Si consideramos las evaluaciones internacionales como Pisa en lectura, matemáticas y ciencias, habrá que esperar hasta 2015 o 2016, es decir, hasta la segunda mitad de este sexenio para tener algún dato confiable. Los resultados de la prueba Pisa de 2012, por ejemplo, cuando se den a conocer, servirán apenas de control o línea base para poder hacer comparaciones con los progresos educativos (si es que los hay) que logre nuestro país hasta 2015, año en el que se realizará la próxima evaluación internacional.
Curiosamente a quien se estará evaluando en ese momento es al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pues sabremos si sirvió de algo la reforma educativa que ya habita en nuestra Constitución, ¿o no?
