n su ceremonia de pretendida restitución del poder imperial de la Presidencia, Enrique Peña Nieto dijo, rodeado de intocables, que ya no hay intocables. Por ejemplo: las operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito que sirvió de pretexto para destruir a Elba Esther Gordillo, fueron documentadas por la Coalición Movimiento Progresista en el caso de la adquisición de tarjetas Monex por el PRI durante el pasado proceso electoral; eso que popularmente se conoce como lavado de dinero
fue precisamente lo que hizo el equipo de campaña de Peña al recurrir a las empresas fantasma Alkino, Atama, Inizzio, Efra, Koleos y Tiguan, para aceitar con un dineral las estructuras clientelares priístas. Pero hoy Gordillo languidece en la cárcel y Luis Videgaray, jefe de campaña de Peña Nieto, despacha en la Secretaría de Hacienda. Pueden apostar lo que quieran a que el antiguo secretario de Finanzas del Estado de México no emprenderá, desde esa posición, ninguna pesquisa contra sí mismo.
Allí estuvo también, arropando al nuevo tlatoani, Jesús Murillo Karam, hoy procurador, y hace 13 años integrante del equipo de campaña de Francisco Labastida, cuya candidatura se vio afeada por el Pemexgate –mil 500 millones de pesos fueron desviados de la paraestatal petrolera, a través del sindicato, para financiar al PRI–, un escándalo que tuvo por protagonista al actual senador Carlos Romero Deschamps. Por ejemplo. Y la lista de intocables se ha ampliado con la exoneración de los ex gobernadores tamaulipecos Manuel Cavazos Lerma y Eugenio Hernández Flores. Por ejemplo. No descarten que a algún redactor priísta se le ocurra aclarar, en uno de esos retruécanos característicos de la época de oro del partidazo, que esos no son intocables sino más bien intangibles.
De modo que la admonición peñista sobre la inexistencia de intocables no tiene nada que ver con la justicia sino, en todo caso, con la disciplina: el régimen tocará a todo aquel que se insubordine ante la proyectada restructuración de las leyes para dar paso a la siguiente etapa del proyecto neoliberal, el cual pasa por la privatización formal de Pemex (informalmente ya ha sido privatizado) y por la transferencia de los gastos que ello genere a la mayoría de la población, vía reforma fiscal e incremento del IVA. Fuera de eso, el sistema político requiere, para seguir funcionando, de operadores dispuestos a delinquir, y ello a su vez requiere de la expedición regular de patentes de corso para sus integrantes. Es decir, igual que en el salinato, que en el zedillato, que en el gobierno foxista y que en el calderonato.
En suma, y como pudo verse en el ritual priísta del domingo pasado, el régimen no ha cambiado; simplemente, intenta cubrir su patente desnudez con ropa vieja sacada del armario de los sexenios. La que ha cambiado, más allá de toda duda, es la sociedad. Está por verse si esta sociedad evolucionada –por más que algunos de sus segmentos permanezcan anclados a, o reciclados por, las formas tradicionales de la simulación, el fraude y el autoritarismo– aceptará beber el vino viejo en odres aun más viejos que ahora se le ofrece.
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