Productores de maíz de Sinaloa acordaron integrar un bloque con sus homólogos de Tamaulipas, Sonora, Jalisco y Guanajuato, así como con la Unión Nacional de Productores de Maíz para demandar la derogación del decreto de 2008 que permite la importación de granos libres de aranceles y cupos ante las dificultades para vender los 3.5 millones de toneladas de maíz, que se estima obtener de la cosecha del actual ciclo otoño-invierno.

Manuel Tarriba Urtuzuástegui, ex presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del estado de Sinaloa (Caades), puntualizó que los agricultores iniciaron negociaciones con las autoridades para lograr un precio de 4 mil 200 pesos por tonelada. Sin embargo, advirtió que mientras siga vigente dicho decreto, cualquier esquema de comercialización que se establezca para la cosecha de este año, no funcionará.

Las importaciones de maíz, dijo, afectan a todos los productores del cereal. El presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete económico deben comprender que las importaciones indiscriminadas contravienen la estrategia gubernamental de rescate del campo y la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria.

Los agricultores sinaloenses continuarán las negociaciones y esperan que en el transcurso de la semana se logre un acuerdo. Las autoridades rechazaron dar un precio de contratación, pero se comprometieron a analizar los precios de los futuros para definir los que se aplicarán a las cosechas del grano blanco para Sinaloa.

De su lado, la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo destacó que las importaciones agroalimentarias, desde la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte son ya de 46 por ciento.

De continuar esta tendencia en 2030 se importarán 80 por ciento de los alimentos, comprometiendo los derechos de los campesinos, la seguridad alimentaria. la cohesión social, la estabilidad política y la soberanía nacional.