El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) es la organización con mayor número de grupos disidentes. También es la agrupación con más denuncias laborales y penales de trabajadores activos y jubilados contra un secretario general, en esta caso Carlos Romero Deschamps. Éstas, en su mayoría, son demandas de amparos que han interpuesto los agremiados contra las tomas de nota al líder.

Esta semana, en el juzgado 10 de San Lázaro, se desahogará un juicio de amparo interpuesto por trabajadores de 20 secciones del STPRM, los cuales, el 19 de octubre de 2012, ante la falta de representación sindical del comité ejecutivo nacional del gremio, celebraron una asamblea para cambiar la dirigencia y votaron por la destitución de Romero Deschamps. Indican que no es válida la toma de nota que tiene este dirigente hasta 2018.

Además, uno de esos grupos opositores logró tener no sólo un amplio número de agremiados, sino incluso que la Secretaría del Trabajo le diera el reconocimiento oficial, con registro y toma de nota a su dirigencia. Se trata de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP), que han tratado de desaparecer. La mayoría de sus dirigentes e integrantes han sido obligados a renunciar a la agrupación, y quienes no lo han hecho han sido despedidos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El Centro de Acción y Reflexión Laboral (Cereal), por su parte, ha documentado diversas elecciones seccionales y nacionales de ese sindicato. En amplios informes que ha dado a conocer señala que las votaciones en todos los procesos comiciales son sin voto libre ni secreto. Se golpea o desaparece a los opositores. A las asambleas no se deja entrar a todos los trabajadores, y aquellos que levantan la voz o reclaman son sacados por la fuerza.

Entre los gremios opositores que se han conformado en torno del sindicato encabezado por Romero Deschamps se encuentra la Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros, que ha interpuesto denuncias contra las tomas de nota de ese dirigente y por el rembolso de un fideicomiso por casi 900 millones de pesos de un seguro de vida para trabajadores contratados a partir de 1971 y hasta 1992 que no fue devuelto a los petroleros.

La UNTPP pidió amparos contra todos los trabajadores que han sido despedidos y perseguidos por pertenecer a organizaciones disidentes. Está el caso de Silvia Ramos Luna, quien fue despedida por haber participado en la conformación de la agrupación. Fue inhabilitada porque en Internet se le relacionó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Otra organización disidente del STPRM es la Unión Nacional para el Desarrollo Social de Trabajadores de la Industria Petrolera, que lidera Omar Toledo, quien ha denunciado ser víctima de persecución y ha promovido, en nombre del gremio, amparos contra las violaciones a los estatutos, supuestamente cometidos durante las múltiples relecciones de Romero Deschamps, así como por desvíos de fondos –de Pemex al sindicato–, que esta organización calcula en más de 60 mil millones de pesos desde el año 2000. También ha denunciado “la pérdida del patrimonio sindical por más de 2 billones de pesos, entre propiedades y cuentas que dejó La Quina, cuyo destino se desconoce”.

La agrupación señala que han sido interpuestas más de 32 mil demandas –despido injustificado de petroleros– ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y que la mayoría corresponden a disidentes.

Se suman a la lista de gremios disidentes la Gran Alianza Nacional Petrolera, el Frente Nacional Petrolero, Petroleros Independientes y el Movimiento Obrerista Petrolero de Evolución Democrática, entre otros. Todos han interpuesto denuncias contra Romero Deschamps por la cadena de corrupción que encabeza, violación a estatutos para relegirse, saqueo de cuentas sindicales y malversación de fondos, entre otros.

La Gran Alianza Nacional Petrolera subraya: Hay infinidad de demandas contra la ilegal dirigencia de Carlos Romero Deschamps. Puntualiza que han sido interpuestas tanto ante instancias laborales como ante la Procuraduría General de la República; sin embargo, asegura que las órdenes de aprehensión contra el dirigente no han procedido o las instancias han declarado que no son competentes. También que no pueden violentar la autonomía sindical, dejando a los trabajadores en completo estado de indefensión.