Al final del año todas las empresas que tengan más de 50 empleados deberán contar con dispositivos, adecuaciones físicas y normatividad tendiente a favorecer la inclusión laboral de personas con capacidades diferentes, debido a la entrada en vigor de una disposición de la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Lo anterior lo informó el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, en el marco de la designación del Día por la Inclusión Laboral, el cual se celebrará cada 27 de febrero a partir del próximo año.

El funcionario advirtió ayer, durante la ceremonia para tomar protesta al grupo de trabajo que diseñará los programas de inclusión laboral, que las empresas que incumplan estos mandatos enfrentarán multas de hasta 5 mil salarios mínimos, de existir demandas individuales o colectivas de por medio.

El funcionario aseguró también que los cambios hechos a la LFT garantizan la inclusión en los lugares de trabajo y llamó al sector privado a sumarse a la causa de las personas en situación de vulnerabilidad.

Exhortamos al sector privado para el desarrollo de políticas laborales inclusivas, que fomenten la contratación de personas en situación de vulnerabilidad y mejore el ambiente laboral, incrementen su productividad y conviertan a sus centros de trabajo en fuentes de desarrollo humano.

La no discriminación

Thomas Wissing, director de la oficina para México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), indicó en entrevista aparte que el artículo dos de la actual legislación laboral consigna la no discriminación, tanto por género como por convicción política, religión y diversidad sexual en el ámbito de trabajo, lo cual, aseguró, está en sintonía con lo que establece el Convenio 111 del organismo de la ONU.

Wissing remarcó que aunque la inclusión en el trabajo no se puede decretar, el hecho de haberla plasmado en la LFT ayuda y es un elemento muy importante para formar actitudes, conocimientos y valores. No obstante, subrayó que México está, como muchos otros países, ante el gran reto de abrir puertas para personas que por diferentes motivos no encuentran acceso al trabajo.

Detalló que aunque en el país está prohibido por ley, todavía existe la práctica de pruebas de embarazo para mujeres como requisito de contratación, lo cual es un mecanismo de exclusión; también persisten conductas que hacen difícil que personas de pueblos indígenas encuentren un trabajo en la economía formal, y por eso es más alto el porcentaje de ese sector en la informalidad.

Dijo que hay muchos retos relacionados con la inclusión de trabajadores migrantes y perdura la discriminación laboral hacia personas con preferencias sexuales diferentes y hacia aquellas con VIH/sida.

Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), indicó que la reforma tiene avances en inclusión laboral, pero acotó que también retrocesos que deben ser corregidos.

La LFT tiene que seguirse reformando. Hay avances en cuanto a la cláusula antidiscriminatoria, en cuanto a la accesibilidad para personas con discapacidad, licencia de paternidad, pero tiene vacíos; hubo muchos temas que no se trabajaron e incluso tiene retrocesos, ejemplo el apartado de trabajadores domésticos establece ahora no una jornada laboral de 40 horas, sino la posibilidad de 66 horas, y esa es una situación absolutamente discriminatoria y desventajosa.

Indicó que aunque la ley establece la igualdad en el acceso al trabajo a todas las personas, hay grupos que sufren discriminación, entre ellos las mujeres, tanto en acceso como en la permanencia y ascenso laboral, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes, migrantes e indígenas, entre otros.