San Cristóbal de las Casas, Chis. Alrededor de 20 sexoservidoras, entre ellas migrantes centroamericanas, marcharon por las calles de Tapachula, en la zona fronteriza con Guatemala, para denunciar que son objeto de maltrato, extorsiones e incluso violaciones sexuales. Con una manta que decía no más golpes, maltratos, insultos, extorsiones, violaciones y acoso, las mujeres concluyeron su protesta con un mitin frente a la alcaldía. Acompañadas por algunos homosexuales, manifestaron que las trabajadoras sexuales también somos mujeres, madres, hijas, amigas, hermanas, ciudadanas, por lo que demandaron trato digno. Acusaron al secretario de seguridad pública de Tapachula, Carlos Rosales Amaya, hijo de Luciano Rosales Tirado, ex procurador de Justicia de Chiapas, de permitir a sus agentes cometer vejaciones y obligarlas a pagar entre 100 y 200 pesos diarios cada una, y de criminalizar el trabajo sexual. Subrayaron que su actividad es una válvula de escape para evitar violaciones a mujeres y menores, por lo que exigieron castigo a los elementos policiacos que las agreden, además de la aplicación de políticas públicas en favor de quienes se dedican al trabajo sexual.